Los procuradores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideraron cerrada la etapa de instrucción de este caso, al apuntar que se encuentra “cabalmente demostrado” que “se instrumentó un mecanismo constante y permanente de lavado de dinero” a través de la actividad inmobiliaria de la sociedad familiar Los Sauces.
En su resolución, aseguraron que Fernández, actualmente senadora, y su marido, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, “organizaron y dirigieron” una “estructura criminal” para cometer distintos delitos y los señalaron como los “máximos jefes” de una asociación ilícita.
Para los fiscales, está corroborada la existencia de esta y, por ende, que el matrimonio presidencial, junto a funcionarios públicos de distintas carteras y empresarios “allegados”, como los constructores Lázaro Báez o Cristóbal López, articularon “planes delictivos” para “permitir a unos y a otros obtener fondos y beneficios del Estado”.
“Teniendo en cuenta la gravedad institucional que representan” estos delitos y “los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de lucha contra la corrupción, consideramos que se impone el pronto avance de este proceso hacia la etapa del debate oral”, indica el texto.
El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta en abril del año pasado al considerarla “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, un delito que se dio “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito”, agravado por ser funcionario público y por “negociaciones incompatibles”
La Justicia consideró que también conformaron esa organización delictiva, entre otros, Báez y López, los hijos del matrimonio presidencial, Máximo y Florencia, y Romina Mercado, su sobrina, todos ellos procesados en la causa desde abril de 2017.
La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer (centroizquierda) contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
Tras conocerse la petición de los procuradores, este jueves, la exlegisladora publicó un mensaje en la red social Twitter en el que aseguró que esto prueba lo que denunció hace cuatro años, y solicitó el “desafuero” de Fernández como parlamentaria para que pueda ser detenida.
La acusación apunta a que pudo utilizarse la empresa Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de ambos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
