Política

Fiscala tarda 2 años en pedir informe en el caso que afecta a un diputado

Tras recibir hasta un llamado de atención por parte del JEM, recién esta semana Victoria Acuña solicitó balances del periodo en que Avelino Dávalos fue gobernador y hubo un faltante millonario.

Pasaron dos años de una grave denuncia por un perjuicio al Estado de G. 200.000 millones en la Gobernación de Caazapá durante la administración del actual diputado de Honor Colorado Avelino Dávalos (2013-2018), y nadie fue imputado hasta hoy.

Recién el martes, la fiscala Victoria Acuña, que investiga el caso caratulado como lesión de confianza, solicitó a la Junta Departamental las actas y resoluciones correspondientes a las sesiones de estudio y aprobación de las rendiciones de cuentas de la Gobernación de Caazapá durante los ejercicios fiscales de los años 2014 al 2018.

La lentitud en el caso que favorece al legislador también fue motivo para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados solicitara a la representante del Ministerio de Público informes referentes a la causa.

Las irregularidades fueron constatadas incluso en un informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Fueron concejales departamentales quienes realizaron una primera denuncia contra Dávalos en 2018 y la segunda fue radicada en julio del 2019. Ante las sospechas de corrupción, solicitaron una auditoría interna y externa y hallaron varios gastos sin documentos respaldatorios.

Una de las irregularidades denunciadas por los concejales involucra a una empresa que proveía el almuerzo escolar, que reclamó que la Gobernación le adeudaba G. 2.500 millones. Sin embargo, según la auditoría, el dinero fue cobrado, pero se desconoce quién lo recibió.

La denuncia presentada en julio ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción resalta que los encargados de la administración de la Gobernación de Caazapá, entre ellos el actual diputado, habrían dispuesto, discrecionalmente, de la suma de G. 169.144.131.619, para los fines ajenos a la competencia de dicha institución, ya que no justificaron tales erogaciones, a pesar de tener obligación de hacerlo, refiere el documento presentado por la presidenta de la Junta Departamental de Caazapá, Antonia López y los secretarios Hernán Vergara y Benigno Báez.

Por otra parte, también refiere que otra irregularidad detectada por auditores fue que se dispuso G. 2.343.634.128, en concepto de becas de los cuales G. 1.993.634.128 no fueron registrados en la contabilidad del ente.

También se habría obtenido G. 3.897 millones como producto de una diferencia entre cheques emitidos por la Gobernación de Caazapá y lo obligado (compromiso asumido, pero no pagado), según la ejecución presupuestaria.

Se encontró también una discordancia de G. 13.086 millones entre la ejecución presupuestaria de los gastos de los recursos provenientes de royalties y la rendición de cuentas ante la Contraloría, cuyos fines son desconocidos, porque las erogaciones no fueron rendidas.


La Cifra
200.000 millones de guaraníes es el perjuicio al Estado que fue denunciado durante la gestión de Avelino Dávalos como gobernador.

4.000 millones de guaraníes fue el patrimonio declarado por el diputado Avelino Dávalos en 2014, siendo gobernador de Caazapá.

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