La comitiva procedió a retirar adhesivos encontrados por las puertas de oficinas del municipio asunceno. Dicha acción forma parte de los controles sobre la propagandas electorales, informó el Ministerio Público.
La legislación vigente acerca de la materia en nuestro país, el Código Electoral, prohíbe todo tipo de proselitismo dentro de las instituciones públicas nacionales, departamentales y municipales.
La Fiscalía anunció que los controles seguirán su curso en otras entidades, para combatir cualquier ilícito que contradiga lo estipulado por la ley, atendiendo a los comicios generales a realizarse el domingo 22 de abril próximo.
La Ley de la Función Pública además prohíbe a funcionarios nombrados y contratados realizar cualquier tipo de propaganda electoral, la participación en actos de esa índole en horarios laborales y en locales que puedan afectar a la institución y vestir o cargar insignias o uniformes de esa naturaleza.
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