El fiscal anticorrupción René Fernández ratificó que decidió suspender el allanamiento realizado el pasado jueves 23 de agosto, en el marco de la causa que investiga posibles delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos, porque se trataba de la casa de un senador que cuenta con fueros.
“Solicitamos el allanamiento de una empresa dedicada al rubro inmobiliario, cuya dirección está denunciada en distintas oficinas públicas, también bancos en la ciudad de Luque. Una vez que llegamos al sitio, verificamos que en esa dirección, además de estar constituida una sociedad anónima, es el domicilio del legislador Óscar González Daher, circunstancia que desconocíamos al momento de la solicitud de la orden”, explicó el representante del Ministerio Público.
Por tal motivo solicitó a los propietarios de la firma Príncipe di Savoia SA, Óscar González Chaves y María Emilia González Chaves, hijos del parlamentario, que en un plazo de 48 horas hagan entrega de los documentos correspondientes a la compañía.
El plazo ya se cumplió el lunes pasado; sin embargo, la abogada Sara Parquet, que defiende a González Daher y a sus hijos, pidió una prórroga para entregar la documentación requerida durante el procedimiento.
“Son varios tomos los que se deben entregar como documentos respaldatorios y no tenemos tiempo para poder cumplir con el plazo solicitado por el Ministerio Público. Es por eso que requerí la prórroga pertinente”, explicó la representante legal.
Por otra parte, mencionó que pone a disposición de la Fiscalía a sus defendidos.
“Los tres investigados están dispuestos a someterse a los trámites que la representación fiscal requiera”, refiere la nota presentada ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
CASOS QUE SALPICAN A GONZÁLEZ DAHER. Quince años atrás, en el 2003, el senador Óscar González Daher se vio envuelto en una fuerte polémica cuando, siendo presidente de Diputados y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), fue investigado por la supuesta posesión irregular de un vehículo mau.
También una investigación de Última Hora, publicada en agosto del 2010, revelaba que numerosas propiedades del actual legislador supuestamente pagaban ínfimas sumas por impuesto inmobiliario en la Municipalidad de Luque.
Además, se encuentra imputado por polémicos audios filtrados que destaparon un presunto esquema de tráfico de influencias en el JEM.