El diputado colorado de Paraguarí Tomas Fidelino Rivas Benítez fue acusado por el fiscal anticorrupción Luis Piñánez de hacer figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara Baja, a pesar de que en realidad no prestaban servicio alguno al Estado. El hecho causó un perjuicio patrimonial total de 47 millones de guaraníes.
En octubre, Rivas fue salvado por sus colegas que impidieron que prospere un proceso de pérdida de investidura. La mayoría de los diputados también blanquearon a Ulises Quintana y Carlos Portillo.
El representante del Ministerio Público solicitó que el legislador afronte juicio oral y público por los hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios, descartándose los delitos de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, por el cual había sido imputado.
La pesquisa, a cargo de Piñánez, duró más de un año y se inició luego de una investigación periodística de ÚH que corroboró con fotografías y videos que Rivas mantuvo como funcionarios a su cargo en el Congreso al casero de su quinta en el Departamento de Paraguarí (Lucio Romero), un empleado de un comercio familiar en Ybycuí (Nery Franco) y el casero de su residencia en Lambaré (Reinaldo Chaparro).
Los tres ya están a la espera del inicio del juicio oral y público que fue fijado para el 1, 4 y 7 de febrero del año que viene. El Tribunal de Sentencia está conformado por Carlos Hermosilla, Fabián Escobar y Wilfrido Peralta.
HIPÓTESIS. La hipótesis fiscal se basa en el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que Chaparro, Romero y Franco declararon como suyas en sus legajos ante la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja.
A partir del registro proveído por las empresas telefónicas, se constató que éstos en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en Diputados, ni siquiera en la zona del parlamento, durante los días en los que el diputado Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario, entre julio de 2016 y marzo de 2017.
A pesar de esto, durante todos esos meses los tres supuestos funcionarios del Congreso firmaron planillas de registro de entrada y salida de la Cámara. Todas estas planillas fueron certificadas con la firma del diputado Rivas para justificar el cobro de sus salarios.
Asimismo, el documento de acusación añade que la pericia documentológica dio elementos que las planillas fueron firmadas todas de una vez, y esta circunstancia condice con la declaración del Director de Recursos Humanos que señala que las planillas se encontraban en poder del parlamentario cartista para la firma de los mismos.
Por otra parte, se prueba con el informe de Bancard que incluso las extracciones de dinero realizadas por los ya acusados, en días laborales, se hicieron en la zona de Paraguarí, información coincidente con el informe de las antenas de los celulares utilizados por los acusados, que señalan que en esos días se encontraban en esa zona del país y no en Asunción.
Según las investigaciones periodísticas de este medio Chaparro y Romero figuraban como contratados desde el 2013, cuando Rivas asumió como parlamentario, con salarios de G. 2 millones al mes. Por su parte, Franco fue contratado a mediados del 2016, con un salario de G. 3 millones. El juez Raúl Florentín debe fijar fecha para la audiencia preliminar.