El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien trabaja conjuntamente con el procurador Ignacio Mahiques, solicitó al juez Julián Ercolini que emita orden para que la exmandataria declare por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública junto a otros 33 acusados, en un dictamen difundido hoy por el portal de información de las Fiscalías argentinas.
También solicitan al juez que dicte “la inhibición general de bienes” para los implicados.
Desde la acusación pública ven indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz que beneficiaron al empresario Lázaro Báez, actualmente detenido y estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
“Los expresidentes de la nación escogieron a la provincia de Santa Cruz como la destinataria de las mayores inversiones en materia de obra pública vial en desmedro de las restantes, dotaron al Ministerio de Planificación y a la Dirección Nacional de Vialidad de una importantísima cantidad de fondos para que se gastaran en ese concepto”, alegan los fiscales en el texto, fechado a 12 de agosto.
Además, “hicieron caso omiso a las recomendaciones y sugerencias de la AGN (Auditoría General de la Nación) en donde advertían sobre esta matriz de comportamiento, erigieron a su amigo personal como ‘empresario’”, añaden.
Para los fiscales, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido (para quien también piden indagatoria), y los funcionarios de su cartera “otorgaron permisos irregulares de obra a favor de las empresas de Lázaro Báez”.
Por ello, consideran “acreditado” que las maniobras entran en contradicción con el “deber de cuidar los intereses patrimoniales del Estado Nacional que poseían los funcionarios públicos acusados” y “autorizan a sostener el efectivo perjuicio patrimonial que sufrió el estado como consecuencia de las cuantiosas irregularidades toleradas y alentadas”.
Los fiscales señalan además que existían “estrechos vínculos económicos” entre la familia Kirchner y el empresario santacruceño, como la explotación de negocios hoteleros que garantizó a los expresidentes “pagos millonarios”.
Báez, principal adjudicatario de obra pública durante el kirchnerismo en el sur del país, permanece detenido desde abril en el marco de otro expediente por presunto lavado de dinero.
Su nombre aparece también en otras causas que investigan presuntos manejos irregulares en sociedades de la expresidenta Cristina Fernández y su entorno familiar.
