Cuatro allanamientos, entre ellos el Juzgado del juez Hugo Becker, el despacho del síndico Guido Planás y la casa de un rematador público, fueron realizados ayer por el fiscal Arnaldo Giuzzio, tras una denuncia por irregularidades en la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
Según la presentación anónima, cuya copia llegó también a la presidenta de la Corte, Alicia Pucheta de Correa, a la presidencia del Banco Central del Paraguay, y a algunos medios de prensa, hubo pérdidas de unos 1.330 millones de guaraníes.
El fiscal Giuzzio investiga supuestos hechos de lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso. Dijo que en un rápido análisis, los que podrían estar involucrados, si halla evidencias, son la actuaria Gina Galuppi Peña, el síndico Guido Planás –yerno del ministro, Óscar Bajac– y, eventualmente, el rematador Carlos Roberto Trabucco.
REMATE. El agente del Ministerio Público explicó que conforme con la presentación, el 26 de diciembre del 2006, se hizo el remate de 102 inmuebles del BNT, en los que intervinieron los citados funcionarios. Supuestamente, hubo pagos mayores a los que figuraban en el acta del remate.
Por un inmueble, se pagaron G. 150 millones y en el acta figuraba sólo 80 millones de guaraníes. Otro por G. 410 millones y en el documento figuran unos G. 20 millones. Todas estas sospechas llevaron a Giuzzio a requerir al juez de Garantías Pedro Darío Portillo el allanamiento del Juzgado en lo Civil y Comercial del séptimo turno, a cargo del juez Becker.
A las 7 de la víspera, Giuzzio ingresó a la secretaría Nº 14, del citado Juzgado, a cargo de la actuaria Galuppi. De ahí incautó varios tomos del expediente judicial en el que se tramita la quiebra del BNT. También requisaron una copia del acta del remate hecho 26 de diciembre del 2006.
SINDICATURA. Paralelamente, funcionarios a cargo de la Unidad Anticorrupción allanaron también la oficina del síndico Guido Planás, en el local de la Sindicatura de Quiebras, ubicado en Ygatimí y Hernandarias. De ahí se incautaron cuatro tomos del mismo expediente.
Después, el fiscal Giuzzio siguió con los otros allanamientos. Llegaron al local del BNT, ubicado en 15 de Agosto entre General Díaz y Eduardo Víctor Haedo. En el sitio, el síndico también tiene una oficina, ya que funge de administrador de la quiebra.
Al final, ya al mediodía, allanó la residencia del rematador público Carlos Roberto Trabucco, en 17ª Proyectada Nº 897 y Montevideo, del barrio Tacumbú. Del sitio recogió documentación relacionada con la quiebra. Supuestamente tenía el acta del remate.
Trabucco, en su descargo, dijo que la primera subasta había sido declarada desierta, por lo que la base de la venta de los inmuebles fue disminuida para realizarse el acto. Supuestamente, por ello es que los precios de la subasta tuvieron que disminuirse en tal cantidad, como se consignan en el acta.
Corte espera informe de Garay
El pleno de la Corte Suprema de Justicia aún no resolvió sobre la permanencia en el cargo de la Síndica General de Quiebras, Ivione Irigoitia. La abogada fue suspendida luego de que interviniera la liquidación y distribución de bienes del Banco de Inversiones del Paraguay Sociedad Anónima (BIPSA). Aún falta conocer un informe del doctor César Garay, presidente de la Sala Civil de la máxima instancia judicial, encargado del caso.
Opiniones
Hugo Bécker, Juez: “Yo no estuve presente en el acto”
“El tema me tomó a mí de sorpresa, porque llegué a las 6.50, y me encontré con que había prohibición para entrar. La verdad que me sorprende todo. Sobre el fondo de la cuestión no sé nada. Habría que ver con el fiscal”, dijo el juez Hugo Bécker, ante la consulta de la prensa.
Señaló que pidió incluso una copia de la denuncia. “No conozco los términos de la denuncia, por lo tanto, mal podría hablar sobre el tema de fondo. El remate es un acto que realiza en principio el rematador. A partir de la vigencia del Código de Organización Judicial, se hace en la oficina del actuario. Antes se hacía en la oficina del rematador. Yo no estuve presente”, explicó el magistrado.
“Es un acto procesal, pero más bien es un acto que se le encomienda a un auxiliar específico que es el martillero público. No creo que haya nada raro”, remarcó. Alegó que todas las partes estuvieron para cuidar que todo sea legal.
Guido Planás, Síndico: “Es contra mi suegro Bajac”
“Esta mujer (por la síndica general Ivonne Irigoitia) se hizo nombrar síndica general, que no sabe si quiebra se escribe con “q”, o con “k”, porque, lo digo públicamente, es una burra que no sabe ni escribir”, señaló el síndico Guido Planás, quien la culpó de ser la que está detrás del allanamiento del fiscal Arnaldo Giuzzio.
Explicó que el rematador era el dueño de la “orquesta” en el remate y que él no podía hacer nada. Además, que fue el primer síndico que logró la venta del 100% de las propiedades.
Alegó que todo era una persecución contra su suegro. “Me quieren embarrar. Este tema va contra el ministro Miguel Óscar Bajac, que es mi suegro. Y lo digo públicamente, quieren embarrar a un señor limpio; un ministro que jamás presionó a nadie. Me quieren usar a mi como punta de lanza”, dijo.
Pedro Lobo, Abogado: “Hicimos varias denuncias”
“Nosotros hicimos varias denuncias sobre la quiebra del BNT, con el fiscal general Rubén Candia Amarilla, con las fiscalas Liliana Alcaraz y con Victoria Acuña, pero ninguna de ellas lo tomó en serio”, dijo el abogado Pedro Lobo, representante de la coordinadora de aportantes del Banco Nacional de Trabajadores.
Explicó que no quieren que ellos estén en la quiebra, pero que había un balance del síndico Guido Planás donde señalaba que había unos 30 mil millones de aportes no capitalizados. Eso pertenecía a los trabajadores, dijo.
Informó que los mayores acreedores de la quiebra eran el Instituto de Previsión Social (IPS), con unos 200 mil millones de guaraníes; y el Banco Central del Paraguay, con unos 60 mil millones de guaraníes. Luego, le seguían el Fondo de Desarrollo Industrial, la ANDE y, por supuesto, la Coordinadora de Aportantes.