EFE
“Los responsables de los organismos de seguridad del Estado deben garantizar el derecho a manifestar de manera pacífica, bajo un estricto apego a los derechos humanos. Los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública”, afirmó la fiscal general en un comunicado.
Ortega reiteró el derecho que tienen los ciudadanos a “convocar manifestaciones pacíficas” y señaló que “estas no deben poner en riesgo la integridad física de los manifestantes y de terceros, ni la estabilidad institucional”.
El llamado de Ortega coincide con las convocatorias del chavismo y la oposición a marchar en las calles de Caracas para mostrar su respaldo a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro en medio de la tensión política y una ola de protestas opositoras que han dejado al menos seis muertos, entre ellos un agente policial, y centenares de heridos y detenidos.
La funcionaria venezolana pidió que se encaucen las demandas de los manifestantes “a través de las vías institucionales” que permitan resolver las diferencias y “evitar hechos de violencia que lamentar”.
Ortega pidió a los líderes políticos, sin distingo alguno, que tomen decisiones “con ponderación y sindéresis” ante “la compleja situación política, económica, y social” del país caribeño.
Puso su despacho a disposición para recibir “todas las denuncias, bien sea por el uso excesivo de la fuerza en las que presuntamente incurran funcionarios a cargo del orden público, así como para establecer la responsabilidad penal de cualquier particular que cometa delitos durante las manifestaciones”.
“El pueblo venezolano exige que se garantice la paz y la calidad de vida, en esos objetivos todos somos corresponsables”, agregó en su escrito.
Cuando salió hace tres semanas la sentencia del Supremo que despojó de sus facultades al Parlamento, la fiscal general consideró que se había producido una “ruptura del hilo constitucional” en el país.
