En una audiencia virtual para evaluar el recurso presentado por Castillo, para anular la denuncia constitucional en su contra, Huamán afirmó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley que este es un “acto postulatorio”, a consecuencia de haber terminado la etapa de investigación preliminar contra el gobernante, quien asumió el cargo en julio de 2021.
Sostuvo que la denuncia constituye un acto procesal válido que no transgrede lo dictado con anterioridad por el juez y que, además, está “muy alejada” de la emisión decisoria de la acusación constitucional.
Huamán insistió en que el proceso no puede ser cuestionado por medio de una tutela de derechos porque, aseguró, es una decisión unilateral del Ministerio Público para poner en conocimiento al Parlamento del término de las diligencias preliminares.
Mediante este recurso, que será resuelto por Checkley en el plazo de ley, Castillo busca dejar sin efecto dicha denuncia constitucional por una supuesta afectación a la tutela jurisdiccional efectiva.
DENUNCIA. La fiscala Benavides presentó el pasado 11 de octubre, en el Parlamento, esta denuncia constitucional contra el mandatario, a quien le atribuye los delitos de organización criminal, colusión (fraude) y tráfico de influencias, por supuestamente encabezar una red criminal en el Ejecutivo que obtuvo dinero ilícito de licitaciones fraudulentas.
Estas acusaciones siempre han sido negadas por Castillo, quien defiende la existencia de un “complot” entre un sector de la oposición política, de la prensa y del Poder Judicial para sacarlo del poder, mediante una “nueva modalidad de golpe de Estado”.
Por su parte, la defensa de Castillo, representada por el abogado Benji Espinoza, insistió que el artículo 117 de la Constitución peruana, solo permite que el presidente en funciones sea acusado por cuatro delitos concretos, que no contemplan las causales de corrupción. EFE