“Toditas se presentaron, ahí (en la convocatoria de acreedores) están todos los documentos que respaldan los créditos y yo mismo firmé los escritos. Se presentó Tasser, Tech, Electromac, no recuerdo a todas”, indicó.
Tanto el procurador general de la República, Roberto Moreno, como el interventor judicial de la acería, Luis Vinader, habían afirmado días atrás que las firmas vinculadas al principal accionista de la acería estatal privatizada no se habían presentado en el reclamo dentro del plazo ordinario.
La intervención judicial a cargo de Vinader solicitó la convocatoria de acreedores, que fue autorizada por el Juzgado del 8° Turno en lo Civil y Comercial, para dilucidar cuáles deudas son legítimas del total del pasivo de G. 236.918 millones (USD 54 millones) que acumuló la acería en los últimos 17 años.
La duda surge debido a que más de la mitad de la deuda es con firmas vinculadas a quienes fueron los principales accionistas de la siderúrgica privatizada por la Ley Nº 1037/97 en noviembre de 1997 por el cual el Estado paraguayo transfirió el 100% de las acciones a Cosipar.
El consorcio está integrado por Cerro Lorito SA, del empresario argentino Sergio Taselli, con el 66% de las acciones, y Cooperativa Multiactiva de Trabajo y Servicios de Trabajadores de Acepar (Cootrapar), con el 33% de las acciones.
El mayor acreedor. La nómina de acreedores revela que el mayor demandante es Tasselli, a través de seis firmas vinculadas a su grupo y reclaman un total de G. 97.445 millones (más del 40% de la deuda). Las mismas son Tasser SA, Aceros Zapla SA, Tech SA, Aceros Asunción SA, Ganadera Dos Causes SA, Electromac y un pago a su nombre.
La segunda deuda más importante, que suma G. 33.301 millones (14% del total), es con Inversiones Siderúrgicas (Insid SA), grupo de cuatro empresas nacionales que adquirieron en abril del año pasado todas las acciones de Cerro Lorito SA. Ambas administraciones de la acería fueron contrayendo cada vez más deudas, que acumulan el dudoso pasivo de G. 236.918 millones.
Ante la quiebra inminente, el Gobierno intervino la planta ubicada en Villa Hayes en noviembre del año pasado, y nombró como interventor a Vinader.
Vinader alquiló este año la fábrica a la firma brasileña Vetorial, quien deberá levantarla y explotarla durante una década.