Opinión

Filantropía parlamentaria

Luis Bareiro – @LuisBareiro

Cuando hablamos de dinero público, ese que se genera con nuestro aporte compulsivo mediante el pago de impuestos, ningún gasto debe estar exento de la crítica, ya sea por el monto o por la causa de la erogación. Es tan saludable escandalizarnos por el pago de jubilaciones de privilegio en el Congreso como por la concesión de pensiones graciables.

Un escándalo no anula otro, solo se suceden, uno tras otro, en la medida en que se hace pública su causa.

Aclaro esto porque nunca falta el despistado monotemático que, cuando se expone un caso nuevo, se indigna porque no nos limitamos al que a él le escandaliza más. Como si en cada comentario pudiéramos abarcar todas las causas de la legítima indignación ciudadana.

Como sea, la semana finalizó con la resurrección de una vieja polémica: las pensiones graciables. La ley que reglamenta este beneficio excepcional es muy clara. Se otorga a personas que alcanzaron los 70 años de edad, no tienen posibilidades de generar ingresos para subsistir, prestaron significativos servicios al país o se destacaron en el campo científico, artístico o deportivo. Ninguna pensión puede superar el sueldo mínimo.

Como las pensiones graciables se conceden por ley del Congreso, con cada nueva modifican a su antojo la legislación madre distorsionando completamente su sentido original para favorecer a quienes se les ocurra. Y es que, como buenos políticos, la mayoría de los legisladores adoran jugar a la filantropía con nuestro dinero.

Los últimos casos fueron los del humorista Carlitos Vera, a quien le aumentaron la pensión –que ya percibe desde hace más de una década– a poco más de cinco millones de guaraníes, el doble de lo que permite la ley; y el ex jugador de fútbol Julio César Romero, a quien le otorgaron una pensión del millón y medio de guaraníes, pese a que el hombre ni siquiera cumplió los 60 años.

Lamentablemente, parte del debate se volcó hacia la vida privada del deportista y la forma como gastó el dinero que ganó como profesional, dentro y fuera del país. Obviamente, no tenemos derecho de juzgar las decisiones de nadie en ese terreno, pero sí necesitamos ordenar mejor esta concesión de dinero público, teniendo en cuenta que vivimos en un país donde ocho de cada diez personas carecen de un seguro social y nunca tendrán el beneficio de jubilarse.

En ese escenario, vale la pena hacernos algunas preguntas.

Un artista cobra por los espectáculos que ofrece y un jugador de fútbol, dependiendo del equipo donde juegue, puede llegar a amasar verdaderas fortunas en unos pocos años. Si no saben administrar sus ingresos, ¿por qué deberían los contribuyentes garantizarles cobertura en la vejez? ¿Por qué es más meritorio destacarse como humorista o jugador de fútbol que como ginecólogo o maestra parvularia?

Antes que seguir jugando a la caridad con recursos públicos, los legisladores deberían preocuparse por llenar los vacíos legales que hay con respecto a la jubilación de artistas y deportistas.

¿Por qué una organización poderosa como la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no establece reglas para el aporte obligatorio a una caja de pensiones de los futbolistas profesionales?, ¿por qué no provee de educación financiera básica a sus asociados? ¿Por qué un músico o un escritor no pueden aportar al IPS?

Creo que una pensión graciable solo debería beneficiar a quienes hicieron un servicio a la patria sin haber cobrado por ello, como los bomberos voluntarios, y solo en los casos en los que el potencial beneficiario necesite de ese aporte público para subsistir.

Y si el diputado colorado Walter Harms, proyectista de la pensión para Romerito, o cualquiera de sus colegas sienten lástima por cómo vive su amigo, su correligionario o su ídolo deportivo, nadie se opondrá a que le asignen mensualmente parte de su dieta, sería un giro interesante para aquello de “la caridad bien entendida comienza por casa”.

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