La propuesta “castiga la adquisición y/o posesión de inmuebles del Estado en contravención a la legislación vigente”, y se presentó ayer.
En la exposición de motivos se alega “la protección integral de las propiedades del Estado”. Además, “graves injusticias que sufren compatriotas humildes, provocando odio, resentimiento e inhumanidad, que no conoce de precedentes en el Derecho Paraguayo ni en el Derecho Comparado”.
“Consideramos actitudes antidemocráticas, en donde unos pocos son propietarios de grandes extensiones de tierras y otros no tienen ni siquiera donde asentar su familia”, indica la iniciativa.
“Sería de vital importancia legislar con respecto a aquellas personas que adquieran y/o poseen inmuebles del Estado, contraviniendo la legislación vigente”, se remarca.
“Creemos importante establecer castigos a aquellas personas que, valiéndose de elementos no legales, sean de orden económico o político, se pudiera acceder a tierras de propiedad del Estado de maneras irregulares, violentando incluso la legislación”, se refiere en el documento.
“Este proyecto, básicamente, pretende castigar estos hechos con el propósito de igualar a todos los habitantes de este país para que no existan ciudadanos de primera, en detrimento de los demás”, es lo que se indica. “Pretendemos castigar estos hechos punibles y proteger las injusticias, siempre dentro del ámbito del Derecho vigente”, consideran los luguistas.
En la parte final de la presentación, los senadores proyectistas instan a sus colegas de los distintos partidos políticos, y a la sociedad en general a respaldar la propuesta.
el detalle. El proyecto, que tendrá entrada oficial en la sesión ordinaria del próximo jueves, establece que la persona que adquiera un inmueble de propiedad del Estado, contraviniendo la legislación vigente, será sancionado con una pena privativa de libertad de 6 a 10 años.
Además, estipula que el que posea un inmueble de propiedad pública y que lo haya adquirido del Estado en forma irregular, recibirá un castigo de 7 a 12 años de cárcel.
Por otra parte, se legisla también sobre el propietario que adquirió un inmueble en forma irregular, que también tenga otro en iguales condiciones, se expondrá a una pena de 8 a 12 años.
“La persona que tuviera un título de origen no legal, que haya adquirido de forma fraudulenta, pretenda hacerlo valer en contra del Estado, será castigado con pena privativa de libertad de 7 a 12 años de penitenciaría”, señala otro artículo del proyecto.
otras sanciones. Con este proyecto, los que estén involucrados en este tipo de casos se exponen además de la cárcel a otras sanciones.
Se menciona en la iniciativa que los mismos no podrán acceder a ningún crédito público por un plazo de 10 años. Tampoco tendrá derecho al sufragio en ese mismo plazo.
Se establece que no podrá ser candidato a ningún cargo electivo nacional, departamental o municipal, siempre dentro de los 10 años.
Las medidas también son de carácter administrativo, ya que se estipula que no podrá hacer contratos con el Estado en ninguna actividad comercial.
El que esté en infracción o cumpliendo la pena establecida en algunos de estos articulados su nombre será inscripto en un registro de personas inhabilitadas para contratar con el Estado y todos los Organismos y Entidades del Estado, de acuerdo a la ley.
Se incluye a las municipalidades y a toda fundación, organismo no gubernamental, persona física o jurídica, mixta o privada, que reciba o administre fondos, servicios o bienes públicos o que cuente con la garantía del Tesoro para sus operaciones de crédito.
“Nosotros vamos a presentar también un proyecto donde vamos a doblar las penas para la gente que tenga tierras malhabidas”, fue el anuncio que hizo el senador luguista Miguel Fulgencio Rodríguez.