De hecho, aparentemente se convirtió en un mecanismo común y eficaz, tanto para acoger a funcionarios de otros entes y enviar los suyos a otras instituciones públicas, con la simple firma de una resolución, que generalmente suele darse por pedido.
Esto implica, pasar a cumplir funciones en otra oficina estatal y, detrás de ello se fomente el planillerismo seguro, al perderse el rastro y el control por parte de la institución a la que pertenece formalmente el funcionario.
La práctica del comisionamiento es de larga data y salta al tapete a través de irregularidades que se registraron en los últimos meses.
Está ampliamente mal vista y deslegitimada en especial, luego del reciente caso de Anadelia Acosta, quien fue imputada tras estar comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, por el presunto desvío de un pago por indemnización de G. 800 millones.
Supuestamente, ella hizo de gestora de dos familias que habían perdido a sus seres queridos por casos de electrocuciones fatales, que involucraron a la ANDE.
Acosta, al final, se quedó con más de G. 700 millones, y entregó una ínfima suma a los afectados. El caso generó bastante revuelo y dejó en evidencia la falta de control y todo un esquema en el que siguen saltando más imputados.
La mujer renunció a su cargo de asesora de la Cámara Baja, institución a la que legalmente estaba ligada. El trámite se dio con celeridad, luego de que se destapara este escándalo.
Otro caso, que tuvo una fuerte repercusión, y que también involucró a Diputados, fue el del funcionario Mauro Ruiz Díaz, comisionado a la Cámara de Baja, proveniente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El comisionamiento quedó sin efecto, por resolución, luego de ser asociado al esquema de narcotráfico, liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
Si bien Raúl Latorre ya firmó la finalización “de sus servicios”, una vez estallado el escándalo, no se supo a ciencia cierta quien pidió por él.
Aparentemente, el cartismo habría presionado a su aliado, el diputado Jatar Fernández para hacerse cargo y este no tuvo reparos para adjudicarse la responsabilidad. Sin embargo, supuestamente nadie nunca vio a Ruiz Diaz.
festín de contratos. En total, cerca de 230 funcionarios de otras instituciones fueron trasladados a la Cámara Baja por medio de la figura del comisionamiento en este periodo. Varios llevan alargando, según conveniencia.
La mayoría de los funcionarios que casi por unanimidad recaen en esta institución por pedido de los propios diputados o por convenio con otros entes, provienen de instituciones como el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la Corte Suprema de Justicia, ministerios, municipalidades, gobernaciones e incluso se dan traslados temporales de la Cámara de Senadores.
Los recomendados, para ser comisionados de otras instituciones, pasan a formar parte del despacho de los diputados, y también de algunas direcciones, coordinaciones y jefaturas de las tantas con las que cuenta la Cámara.
Cabe remarcar que Diputados ya cuenta con más de 2 mil funcionarios, y así como en Senado se habla de una superpoblación.
¿Qué es? El comisionamiento se define como un mecanismo administrativo para implementar la movilidad laboral de los funcionarios a otras instituciones a las que prestan servicio por un tiempo transitorio, generalmente de un año. Esto sin perjuicio de que sus comisionamientos sean prorrogados indefinidamente.
