La abogada Mirta Moragas, del Consultorio Jurídico Feminista, expresó que el caso de Katia “es una especie de crónica de una muerte anunciada, de lo que pasa y de lo que puede pasar cuando el Estado no toma las medidas adecuadas de protección”.
Lamentó que la joven “hizo todo lo que el Estado le dijo que haga en un caso de violencia, pero el Estado le falló, el sistema de protección le falló”, criticó con dureza.
Sus expresiones se dieron durante la presentación del informe “Barreras y nudos críticos para el acceso a la Justicia de mujeres víctimas de violencia”, realizado este martes en horas de la mañana.
Auditar expedientes
Moragas fue tajante al pedir a la Fiscalía General de la República que ordene una auditoría de los expedientes, donde Katia fue denunciante porque “acá hay una responsabilidad estatal” y denunció que este órgano tiene la “práctica” de cambiar carátulas de casos para dar al presunto agresor medidas alternativas a la prisión.
“En el caso de Katia, hay que deslindar responsabilidades, porque en la información que tenemos es que la imputación inicial de esta persona era el intento de feminicidio. En algún punto hay un cambio de carátula de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar. ¿Con qué objetivo? Para darle medidas alternativas”, enfatizó durante la conferencia de prensa.
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Este pedido se da luego de conocerse que la Fiscalía había solicitado el sobreseimiento provisional de Zaracho porque no se pudieron hacer un total de 10 diligencias, entre las cuales había declaraciones.
“Quiero ser clara con esto. Es una práctica de la Fiscalía la de cambiar carátulas para que existan medidas alternativas y también tenemos la información de que como la Fiscalía no investigó, iba a solicitar el sobreseimiento”, denunció.
Reiteró con firmeza que “la Fiscalía General del Estado debería ordenar hoy una auditoría de los expedientes donde Katia fue denunciante y deslindar responsabilidades de los fiscales y hay que mandarlos al Jurado de Enjuiciamiento (de Magistrados)”, subrayó.
Las tobilleras no son la solución, aseguran
La activista expresó su preocupación ante la postura de las autoridades estatales de que las tobilleras electrónicas son la solución a este flagelo que va en aumento, cuando en realidad se tiene que tener voluntad política y de educación.
“Poner en la tecnología la solución, cuando el problema es humano, es de voluntad política. Había sido teníamos que tener una Katia para que el Estado reglamente una ley de años. Eso muestra que el problema es la falta de voluntad política”, manifestó.
Para Moragas, las tobilleras representan un mecanismo más de ayuda, pero que también va a demandar de una respuesta inmediata por parte de la Policía Nacional para que el servicio funcione.
No obstante, señaló que “todavía queda por ver cómo se reglamenta la ley” .
En ese sentido, Aníbal Cabrera, de la Coordinadora de Derecho de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), quien también participó en la conferencia de prensa, expresó que los más de 200 casos de feminicidios pudieron haber sido prevenidos.
“Estamos hablando de un fallo sistémico y criminal de parte de las autoridades públicas”.
Asimismo, consideró que para erradicar los feminicidios requiere de medidas a largo plazo, que incluyan cambios culturales, para que se deje de pensar que el hombre es el dueño del cuerpo de las mujeres y de sus vidas.
“Si no trabajamos en el sistema educativo, en la educación en igualdad, en equidad de género, para que desde el jardín de infantes los niños y niñas sepan que son iguales en nimiedad y derecho, vamos a seguir teniendo estos casos”, afirmó.
Informe
En un contexto de mucha conmoción social por el violento feminicidio de Katia, el Consultorio Jurídico Feminista, la CDIA y la Codehupy presentaron un informe que demuestra las “barreras y nudos críticos” con los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia para acceder a la Justicia.
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Se trata de una investigación que confirma “que la mayoría de las mujeres que son asesinadas han recurrido al sistema de protección y el sistema les ha fallado”, expresó Dante Leguizamón, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Seguidamente, María José Durán, miembro del Consultorio, explicó que las barreas judiciales responden a cuestiones estructurales y “actitudinales de los operados del sistema de Justicia, principalmente aquellos del sistema de protección”.
“Todavía se les sigue exigiendo a las mujeres que reúnan determinados requisitos para poder acceder a esos sistemas de protección, hablamos de tener la cédula de identidad, de contar con una denuncia policial”, cuestionó.
Este informe incluye testimonios de mujeres víctimas de violencia, así como también recomendaciones a corto, mediano y largo plazo.
La idea es que el contenido llegue a los más altos niveles del Estado para erradicar los feminicidios.
