Política

Familia reclama pago por expropiación de tierras hace 25 años

 El anuncio de iniciar una regularización de tierras en el país despierta desconfianza en organizaciones civiles que temen blanqueo.

Una familia reclama hace más de dos décadas el pago por una expropiación de sus tierras en Capitán Bado, Amambay. Denunciaron que hubo pedido de coimas, maniobras y cuestiones llamativas detrás que ponen en tela de juicio la actuación del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Están barajando recurrir a la Embajada de Brasil para dejar constancia del manoseo que sufren desde hace años. El abogado José Ávalos Chávez, en representación de los herederos de José Edolir Bender Rhoden, extinto ciudadano brasileño, explicó que la expropiación fue aprobada en 1995. Luego, en el 2014 se estableció la forma de pago por valor de G. 22.500 millones. “Es una propiedad privada que hoy se convirtió en una colonia próspera. El señor (Bender) murió esperando ser indemnizado”, graficó el abogado el calvario que sufre la familia.

COIMA. Ávalos dijo que en el 2014 estuvieron a punto de cobrar, pero “no se materializó por la angurria de los que están ahí”, en alusión a las autoridades del Indert que en esa época era presidido por Justo Pastor Cárdenas.

“Pidieron 60% del monto para que pudieran firmar el cheque”, mencionó el abogado. Un modus operandi similar al que hacían los González Daher con las propiedades y apriete a jueces. Tras este incidente, los herederos amenazaron con accionar legalmente contra el instituto.

FACTURA. Ahora en la era de Mario Abdo Benítez y bajo la administración del actual titular del Indert, Mario Vega, integrante del equipo de Rodolfo Friedmann, avanzaron este año y lograron acordar el pago del 10% del valor. Es decir, que recibirían un primer pago de G. 2.319 millones. La propiedad está inscripta a nombre de los herederos y no tuvo problemas de denuncias de origen fraudulento, explicó el abogado.

“Es una propiedad real que pasó por todos los filtros. Iban a pagar el 10%; pidieron el recibo, se preparó y se envió la factura crédito que está firmada por el contador del Indert. Inclusive ya cobraron la retención de la plata (G. 42 millones) y este es el momento que una vez más se burla de esta familia”, arremetió el defensor.

Ávalos mencionó que tras ese trámite legal que realizaron en marzo pasado, ahora las autoridades de la institución argumentan que supuestamente la propiedad está superpuesta con una propiedad del desaparecido Banco Paraguayo Oriental, que había orquestado varios títulos fraudulentos para estafar a la gente. “Después de 25 años se dan cuenta supuestamente de que hay una superposición, la propiedad está inscripta a nombre de los herederos y pasó por todos los filtros”, expresó el abogado puntualizando que hubo un control estricto, incluyendo la Dirección de Catastro. Acusó que detrás de todas las trabas hay un interés de cobrar coimas para liberar el dinero.

“¿Cómo se entiende que ya liberaron el pago y pidieron hasta la factura? Pero oficialmente esa información no existe porque la propiedad está inscripta a nombre de los herederos Ángela María Bender (cónyuge superstite) y sus hijos María y Leandro Bender”. Dijo que se preguntan cómo con una ley de expropiación y después de 25 años saldrán a decir que hay superposición de propiedad. “Le hartaron a esta gente y ahora comunicaran a Brasil”, mencionó.

Los herederos de Bender reclaman el pago al Indert por la expropiación aprobada por el Congreso hace 25 años. Una serie de maniobras y manejos oscuros rodean el caso, denuncia abogado.

G. 22.500 millones es el valor de la propiedad expropiada por el Congreso en 1995 y hasta ahora chicanean con el pago.

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