22 feb. 2024

Falencias en salud lesionan los derechos ciudadanos

Las cotidianas e innumerables falencias en nuestra salud pública menoscaban la dignidad de las personas y, sin lugar a dudas, lesionan los derechos de la gente. Los recientes acontecimientos en el Hospital Nacional de Itauguá se suman al conjunto de una crisis del sistema sanitario que ya arrastra décadas. Paraguay necesita un sistema de salud universal, gratuito y con un presupuesto acorde a las urgencias y necesidades tanto de la población como de los trabajadores de blanco. Urgen las respuestas y las soluciones.

Nuestro país no está expuesto a catástrofes naturales como huracanes, terremotos o volcanes en erupción, catástrofes que dejan destrucción a su paso. Tampoco ha vivido recientemente conflictos bélicos que diezman recursos. Los fenómenos climatológicos, como la sequía o la crecida del río, afectan lamentablemente a la población, y las tormentas ponen a prueba la deficiente gestión de intendentes cada cierto tiempo, pero son situaciones manejables con un poco de transparencia y organización. Vivimos una democracia que, si bien no es perfecta, funciona.

Sin embargo, en el transcurso de una misma semana dos mujeres paraguayas han dado a luz en el piso del pasillo de un hospital, sin asistencia médica.

El escándalo suscitado no ha sido suficiente para sacudir las anquilosadas estructuras de un sistema de salud colapsado no solamente por epidemias actuales como las del chikungunya y recientes como la del Covid-19. El sistema de salud está en una profunda crisis.

Hacer responsable a los médicos de la guardia, imputar a enfermeras, o por medio de una asamblea pedir la renuncia de la directora del hospital han sido históricamente las respuestas ante similares situaciones. Pero estas solamente sirven para catalizar la momentánea y coyuntural indignación. Cuando se calmen las aguas volverán a su curso y nuestra salud pública seguirá siendo la misma que acumula carencias y falencias desde hace décadas.

El degradante tratamiento que recibió una joven, quien dio a luz en el piso de la sala de Urgencias del Hospital Nacional de Itauguá, pone en evidencia en primer lugar la atención deshumanizada que recibe la población que acude a la salud pública. Esto es indignante e inaceptable, pues el acceso a la salud y el respeto a la dignidad de todas las personas son derechos humanos.

Al mismo tiempo, se debe asumir el problema que supone la sobrecarga laboral a la que están expuestos los profesionales de blanco en los hospitales públicos, con cargas horarias excesivas que muchas veces rayan incluso la explotación. Esto afecta directamente no solamente a los trabajadores sino también la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.

La realidad alrededor de estas situaciones, que a diario menoscaban los derechos de la gente, es que en el Paraguay lo que se destina a la salud pública es una vergüenza. Lo que se asigna a Salud es solamente dos por ciento del producto interno bruto, cuando los requerimientos internacionales señalan que el mínimo debería ser el seis por ciento del PIB. Paraguay está muy por debajo de un presupuesto elemental. Nuestro presupuesto para Salud es una ignominia.

Ya no podemos seguir padeciendo por falta de insumos, medicamentos, camas de terapia, respiradores o profesionales capacitados. Urge que el país tenga una política pública de salud. Es inaceptable que la población siga padeciendo por la falta de atención y de medicamentos, mientras que tanto funcionarios como políticos se dedican a sus campañas políticas para poder seguir aprovechándose de los recursos y los privilegios, formulando promesas que nunca cumplirán.

Es intolerable e insostenible que los paraguayos sostengan este fallido sistema de salud con polladas y rifas. La Constitución Nacional, en su artículo 68, sobre el derecho a la salud dice claramente que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad, y que nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades.

Es hora de que los gobernantes y la clase política recuerden que la salud es un derecho.

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