Editorial

Extremar acciones para frenar abusos sexuales contra la niñez

El pavoroso caso de una niña de 7 años fallecida en la ciudad de Pedro Juan Caballero, que presentaba signos de desgarro por violación, pone de nuevo en el tapete la situación de indefensión en que se encuentran muchos menores de edad en el contexto de la crisis del Covid-19. La propia ministra Teresa Martínez ha confirmado que durante la pandemia aumentaron considerablemente los casos de abusos en niños, niñas y adolescentes, cuyo número estadístico ya era de por sí elevado (unos 3.000 casos por año). De hecho, Paraguay ocupa el primer lugar de niñas abusadas y embarazadas entre los países de la región. Además de insistir con la cuestión educativa, hay que extremar acciones de control y castigo ante esta dramática realidad.

De nuevo el horror. La autopsia practicada a una niña de 7 años de edad quien falleció tras haber sido ingresada en la tarde del lunes en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, por causas que, según sus familiares, se debían a una fuerte caída de la cama, confirmó lo que los médicos habían detectado en un primer análisis: la causa real de la muerte fue haber sido sometida a pavorosos abusos sexuales.

“Shock hipovolémico por hemorragia aguda digestiva baja por desgarro anal” es la causa del fallecimiento que se estableció tras la autopsia. Aunque la madre y los demás familiares niegan que haya existido abuso, la comprobación científica de que la niña fue violada es categórica, demostrando además que tenía desgarros antiguos, los cuales demuestran que ya venía siendo abusada desde hace tiempo. La Fiscalía sospecha de alguien del entorno familiar y se aguardan los avances en las investigaciones.

El terrible hecho de abuso es apenas uno más entre varios otros que vienen sucediendo, y que han aumentado considerablemente durante la pandemia del Covid-19. La propia ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, ha confirmado que el obligado encierro ante la crisis del coronavirus ha aumentado la vulnerabilidad de los menores de edad, exponiéndolos aún más a los hechos de violencia y abuso sexual.

Antes de la pandemia, nuestro país ya tenía un promedio de 3.000 casos por año de hechos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. De hecho, el Paraguay ocupa el primer lugar entre las naciones de la región en número de niñas abusadas y embarazadas.

El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior había presentado en 2016 un estudio sobre violencia intrafamiliar en el que se detallaba que el 4,5% de los hechos de violencia en la familia son abusos en menores de edad. Cruzando la relación de parentesco entre autor y víctima, concluyeron que los mayores victimarios son los padrastros, en un 26,2%; los padres, en un 24,4%; los tíos, 14,8%; los primos, 11,4%; los hermanos o hermanas, en 7,7%; los abuelos, en un 5,4%, y otros parentescos.

Ello ha llevado a que se ponga en marcha desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia un programa de prevención denominado Ñañangareko (Protejamos), que entre otras medidas reclama que se imparta una buena educación sexual en las escuelas. Ello, sin embargo, entra en conflicto con las posturas del actual ministro de Educación, Eduardo Petta, quien ha decidido suprimir los materiales de educación sexual del sistema educativo, bajo presión de sectores religiosos.

El nuevo caso registrado en Pedro Juan Caballero demuestra, sin embargo, la gravedad de la situación, que requiere de medidas más extremas para intentar frenar esta perversa práctica delictiva que afecta a la sociedad paraguaya.

Además de insistir con la cuestión educativa, hay que asumir más decididamente acciones de control y de castigo a los perpetradores ante esta dramática realidad.

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