Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista, analizó el examen de correspondencia realizado por la Contraloría General de la República (CGR) recientemente sobre los bienes de Santiago Peña, presidente de la República.
Señaló que hay varias cosas colaterales que no se analizaron, como el hecho de que los legisladores pueden hacer una acusación de juicio político al contralor, conforme a la Constitución Nacional.
“El contralor es uno de los que puede estar sujeto a juicio político, una vía que también tienen los diputados que desconfían del contralor. Pero la Fiscalía tendrá la obligación de investigar todo esto. ¿Cuál es el problema? la actuación de la Contraloría se pone en duda porque el contralor es del mismo partido de Gobierno. Existe una cercanía, una inmediatez que pasa a lo protocolar”, apuntó.
Además, Estigarribia señaló que acá se impone justamente la investigación periodística y el ejercicio de las atribuciones constitucionales de los legisladores para llegar al fondo de la cuestión.
“Se puede hacer pedidos de informes a la Contraloría, se pueden hacer interpelaciones, eventualmente. Recursos constitucionales que tienen los diputados para averiguar porque por ejemplo no se incluyó la mansión en San Bernardino”, comentó.
El abogado puso en duda como un banco otorga un préstamo a Peña con cuotas tan elevadas para el salario de Peña.
“Incluso se puede conformar una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para investigar esto porque es un asunto de alto interés público. Refiere al primer mandatario”, dijo.
Sostuvo que ahora el caso pasó al Ministerio Público como una “pelota tatá”.
“Cuando él (Peña) se retira en el 2017 como ministro, renuncia para ser candidato presidencial, él presentó una declaración. Hay que ver si esa declaración es consistente con la que denunció él al ingresar a la función pública como miembro del directorio del BCP”, comentó.
