El fortalecimiento de las instituciones republicanas debe ser una prioridad para cualquier gobernante. El sistema democrático y el respeto al equilibrio de poderes no deben tener ningún retroceso.
El artículo 1, De las Declaraciones Fundamentales de nuestra Constitución Nacional, sobre la forma de Estado y de Gobierno, establece que el Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista.
Posteriormente, la Carta Magna, en el artículo 3, del Poder Público, señala que el Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público.
Estos preceptos constitucionales señalan el camino que deben seguir nuestras autoridades. La Carta Magna es muy clara al indicar que nadie puede atribuirse la suma del poder público y subraya como esencia la pluralidad, por lo cual cualquier gesto que raye con estos principios estaría debilitando la institucionalidad de la República y superponiéndose a los dictados de nuestra Constitución.
La democracia se resquebraja cuando se ejerce el poder en favor de intereses sectarios que no benefician al bien común. Se convierte así en una democracia de fachada, con rasgos totalitarios. Los regímenes totalitarios quieren conquistar y controlar la maquinaria del Estado. Las autoridades deben huir de esa forma de gobernar y aplicar una política negociada y pluralista. No debe ser el poder por el poder.
Últimamente, se vieron gestos, se tomaron decisiones y se realizaron declaraciones que poco favor le hacen a la institucionalidad. Existe un peligroso coqueteo con el totalitarismo de nuevo cuño.
En este contexto, el cartismo acaparó inicialmente los principales cargos en Senadores y Diputados y las respectivas comisiones, principalmente, en la Cámara Alta con sus aliados. Además, impuso la presidencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), una y otra vez. Toda la mesa directiva es colorada. También tiene sus tentáculos en el Consejo de la Magistratura (CM). Se aprueban leyes de forma exprés, pese a cuestionamientos técnicos.
En medio de todo esto, el diputado de Honor Colorado Yamil Esgaib amenazó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que si no daba curso a la denuncia que realizó Horacio Cartes por supuesta persecución política, “en Diputados podemos quitarle al fiscal general cuando queremos“. Luego, ayer precisamente, se abrió la causa penal.
Llamativamente, tras este incidente, en el Senado, donde HC tiene mayoría sólida con los aliados, se postergó el pedido de la Fiscalía para la ampliación de su presupuesto para cubrir gastos básicos.
También trascendió entre legisladores opositores de que existe un plan cartista para destituir a Rolón en octubre e imponer a un nuevo FGE, incluso tocar el Poder Judicial y convocar a una Constituyente.
Estas señales que se dan no son para nada auspiciosas para la integridad de la República. Ante esta situación, el próximo presidente de la nación, Santiago Peña, tendrá también una gran responsabilidad en saber administrar el poder público, cuidar la democracia, impedir durante su gobierno que afloren sesgos autoritarios y evitar que se transgreda la Constitución Nacional.
La patria requiere que cada poder del Estado haga lo suyo, sin que salte ningún abuso de poder y que cada institución trabaje solo pensando en el bienestar de todos los ciudadanos.
