Rodolfo Pereira, exintendente de la localidad de General Eugenio Garay, Guairá, fue denunciado ante la Contraloría General de la República (CGT), donde se presentaron pruebas pidiendo la intervención de la Comuna.
La auditoría de gestión solicitada corresponde al periodo 2006-2010, cuando estaba como jefe comunal Pereira (ANR), quien actualmente milita en la carpa cartista, y sobre él recae sospecha de malgastar la plata del pueblo.
Los malos manejos administrativos de multimillonarios montos de dinero proveídos por la Itaipú a la cuenta de la Municipalidad local, a través de royalties, produjeron importantes pérdidas a las arcas del ayuntamiento, según denunciaron los concejales, encabezado por el profesor Ricardo Arrriola, presidente de la Junta Municipal.
El documento presentado a la CGT saca a la luz que el exintendente manejaba como un almacén la Municipalidad de General Eugenio A. Garay, donde estuvo en dos periodos y actualmente está a cargo de su hijo Julio Pereira.
La comisión de Hacienda y Presupuesto evaluó los documentos presentados por el intendente saliente y recomendó por unanimidad rechazar el balance del periodo 2006-2010.
De ese periodo presentaron una boleta sin respaldo legal de pago de 196 millones de guaraníes por la construcción de 7.025 metros cuadrados de empedrado en las compañías San Jorge (Yate’i), San Ramón (km 25) y Potrero Ybaté, pero las obras sólo existen en los papeles, según la denuncia.
Otro hecho irregular denunciado tiene que ver con el presidente de la comisión vecinal de Ciervo Cuá Guazú, Óscar Chamorro, quien supuestamente recibió 347 millones de guaraníes para la construcción de capillas, mejoramientos de caminos y alcantarillados, refacción en escuelas y puentes.
Por esas obras “ejecutadas” en las compañías San Roque González, Potrero Ybaté, Quirayty, Ñandu Cuá, Mbocayá, Ñu Pyahu, San Ramón y Colonia Guaraní, el intendente no presentó rendición de cuenta por la transferencia de dinero y se comprobó que los trabajos no se realizaron en ninguno de los lugares.
La administración de Rodolfo Pereira tampoco pudo justificar la compra de combustibles por 207 millones de guaraníes. La elevada suma tampoco pudo ser justificada, teniendo en cuenta que la Municipalidad cuenta con solo un tractor.
En la remodelación del excentro de salud se abonó otra suma de 47 millones, mientras el local se encuentra en total estado de abandono.
También se menciona en la denuncia que Pereira “pagó tres veces” un tractor adquirido en el 2009 al contado. Pero, llamativamente, en los primeros meses del 2010 la Municipalidad volvió a pagar 170 millones y poco después pagó otros 170 millones de guaraníes en el mismo año.
ASISTENCIALISMO
También cuestionan una lista de “personas de escasos recursos” beneficiadas con 90 millones de guaraníes. La nómina es liderada por la docente jubilada Olga Vera de Rojas, esposa de Jorge Rojas, funcionario de Justicia Electoral. La denuncia menciona otros pagos por 170 millones de guaraníes.
