Uno de los puntos regulados en la propuesta presentada por la diputada de Patria Querida Rocío Vallejo indica que cada candidato deberá presentar una declaración de intereses, que se refiere a la información del sector económico al que está ligado, como, por ejemplo, el bancario, el del combustible o el tabacalero.
“Cuando pertenece a un determinado sector y más aún si recibe algún financiamiento, creo que su opinión, su orientación, va a estar hacia ahí, pero independientemente de esa orientación, me parece que es correcto que sepamos qué sector está apoyando, entonces ya sabemos de antemano su posición, esperando que ese parlamentario priorice los intereses del país por encima de ese interés particular que le financió”, expresó Acosta.
Aunque, para el diputado, esta conexión siempre estará presente y podría condicionar la actividad del político. “Su corazón siempre va a estar tendiente hacia ese sector, por ejemplo, Fidel Zavala, todas las orientaciones legislativas que él apoya van relacionadas a la ganadería, al agro, no digo que esté mal, entendemos que ese sector le habrá apoyado o él se siente identificado, y no me parece mal que sepamos de antemano, lo malo es que no sepamos quién financia”, apuntó el liberal.
Lo negativo de la financiación política es que, indicó Acosta, el parlamentario u otro cargo rinda cuentas a un sector que haya obtenido dinero ilícito, como el narcotráfico, el contrabando, o de algún funcionario corrupto que apueste a una figura para conseguir un contrato con el Estado. “Más que nunca tenemos que saber quiénes son los que aportan en las campañas de los políticos”, señaló.
La pregunta principal, a decir del diputado, es cómo se cierra el círculo cuando un parlamentario gasta USD 200.000 o 300.000 en su campaña. “¿Cuál es la inversión, ama mucho a su país?, si es eso, aplaudo. Pero lo más seguro es que los que gastan tantos dólares es porque tienen un interés, uno de dos, que le hayan apoyado con dinero ilícito sectores que consiguen dinero fácilmente o llegar al cargo para traficar influencia y ganar contratos con el Estado, y eso no es ético”, manifestó.
Acosta comentó que particularmente no tiene ningún negocio con el Estado y si algún familiar suyo lo tuviera, renunciaría al Parlamento. “Si el político tiene intereses económicos, es accionista de alguna sociedad, tiene renta, es bueno que sepamos, así ya sabemos si es que hay alguna actividad relacionada a ese sector, quién es el que está más interesado”, remarcó.
El diputado dijo estar convencido de que el control a través de la ley de financiamiento político no va a evitar el dinero mal habido porque se buscarán estrategias para burlar la norma, pero al menos será más complicado utilizar recursos sucios.
Destacó que otro inconveniente que podría darse es que se quieran ocultar los aportes porque “muchos empresarios apuestan a varias canastas, no solo a un candidato, apuestan a varios, y no quieren que se sepa a quiénes apoyan por una eventual represalia en el futuro, pero por ese inconveniente no podemos dejar de tratar de hacer algo mejor, ¿por qué vas a ocultar si tu dinero proviene de actividad lícita?”, cuestionó.
El proyecto que modifica la ley de financiamiento político fue presentado en la Cámara de Diputados y todavía se especula si se tratará o no en este periodo de receso parlamentario.
El objetivo es que rija ya para las internas del 12 de julio, pero no se sabe si habrá número para una sesión ni para su aprobación.
Uno de los aspectos más importantes es el endurecimiento de la trazabilidad, la rendición de ingresos y egresos que deberá presentar cada candidato y el control en tiempo real desde el inicio del periodo de gastos de las campañas.
“Muchos empresarios apuestan a varias canastas, no solo a un candidato, y no quieren que se sepa a quiénes apoyan”.
“Más que nunca tenemos que saber quiénes son los que aportan en las campañas de los políticos”.
Édgar Acosta, diputado PLRA.
