El Senado aprobó ayer el proyecto de modificación de la ley de Senabico, donde se establece la distribución de los bienes decomisados a las instituciones del Estado. Se dejó de lado al Poder Judicial, por ser la instancia que debe juzgar y condenar al acusado de un delito, de quien finalmente se decomisan y rematan sus bienes.
El dictamen de la comisión de Legislación fue aprobada con modificaciones y el destino de los bienes rematados se dividirá en dos partes.
El 50% será para cubrir gastos operativos y fortalecimiento institucional de las entidades que intervienen en las cuestiones de los bienes decomisados y la otra mitad será para financiar programas, explicó Sergio Godoy quien preside la comisión.
La primera mitad establecida para gastos y fortalecimiento institucional, percibirán un mínimo de 5% el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, la Seprelad, la Senabico y la Policía Nacional, el 20% restante será repartido entre las instituciones según el criterio del Poder Ejecutivo.
La otra mitad irá para programas de prevención de hechos punibles, rehabilitación de adictos y reinserción social y quedará a criterio del Poder Ejecutivo la selección y evaluación a qué programas asignar.
Cabe señalar que primeramente los recursos serán depositados en la Tesorería General del Ministerio de Hacienda y luego el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de distribuir de acuerdo a lo establecido.
El senador Blas Llano, de la comisión de Lucha contra el narcotráfico, propuso la exclusión del Poder Judicial de la distribución, considerando que es la institución con mejor presupuesto entre las demás y además “para garantizar la imparcialidad en los procesos abiertos. No queremos que el órgano que esté juzgando una causa también sea beneficiado por los resultados”.
También el senador Stephan Rasmussen, de la comisión cuentas y control, propuso la eliminación del Poder Judicial de la lista de los beneficiarios.
La senadora Dessirée Masi sacó a relucir que existe una pelea entre las instituciones por “la plata de los narcos”. “Es una ley de doble filo porque puede ser un incentivo perverso para plantar cosas (evidencias falsas)”, expresó la senadora.
Dijo que en la comisión antilavado los propios ministros de la Corte solicitaron que el Poder Judicial también sea beneficiario.
En la ley original enviada por el Poder Ejecutivo, la repartición establecía que un porcentaje quede para la primera institución que intervenga en un hecho punible, para la Senad o la Policía Nacional. Este inciso se omitió, teniendo en cuenta que podía haber ”una pelea o una carrera entre policías y Senad”, explicó Masi.
Godoy señaló que resulta una “casi carnicería” porque todos quieren llevar una parte de los bienes decomisados. En ese sentido explicó que también el Ministerio de Defensa Pública “quería llevar un parte”.
Cabe señalar que se habla de los productos financieros, dinero en efectivo y el producto de la subasta de bienes declarados en comiso de una persona sentenciada, que adquirió dichos bienes mediante un hecho antijurídico.
