La afirmación se encuentra en el audio de una llamada telefónica realizada en 2012, antes de que Argentina firmara con Irán un acuerdo para avanzar en la investigación del atentado y tomar declaración a los iraníes sospechosos de causar el ataque.
En la llamada, Timerman informaba al entonces presidente de la AMIA sobre las conversaciones que mantenía el Gobierno de Fernández con el país persa, al que las autoridades de la mutualista no reconocen como un interlocutor válido en la investigación.
En el audio, dado a conocer anoche en la radio Mitre y reproducido hoy por medios locales, Timerman asegura que Argentina no tenía “otro con quien negociar”.
“Hace 18 años que pusieron la bomba. No me decís con quién negociar”, reprocha Timerman a Guillermo Borger, extitular de la AMIA, ante la negativa de las autoridades de la mutualista.
“Si fuera otro, no hubiera puesto la bomba”, agrega el excanciller como justificación para las conversaciones con el entonces Gobierno de Mahmud Ahmadineyad que acabaron en un memorándum de entendimiento firmado entre ambos países en 2013.
El acuerdo, que el Gobierno de Mauricio Macri dejó caer el lunes pasado en un giro en las relaciones exteriores del país, contemplaba la revisión de toda la documentación de la investigación del ataque y la creación de una comisión integrada por cinco juristas internacionales.
Esa “comisión de la verdad” emitiría un informe no vinculante “con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes”.
“El fiscal de la causa hizo un estudio serio e importante donde dice que Irán es responsable”, argumenta Borger en el audio, en referencia al trabajo realizado por el fallecido Alberto Nisman, a cargo de la investigación del atentado hasta su muerte en enero de este año.
“La única forma es que (los acusados iraníes) se presenten a la Justicia (argentina) y declaren”, añade Borger, pues el acuerdo tenía previsto la realización de interrogatorios, pero en Teherán.
Nisman, que investigaba el atentado contra la sede de la mutualista judía en el que murieron 85 personas, denunció en enero a Fernández, a Timerman y a otros colaboradores del anterior Gobierno argentino como presuntos responsables de orquestar un plan para exculpar a los sospechosos iraníes.
El fiscal, hallado muerto cuatro días después de presentar esa denuncia, situaba en el centro de la operación de encubrimiento al memorándum, que supuestamente serviría para levantar las alertas emitidas por Interpol contra los acusados a cambio de la venta de petróleo iraní a Argentina.
El acuerdo, que nunca fue ratificado por Teherán, fue aprobado por el Paramento argentino con el rechazo de la oposición a Fernández.
Sin embargo, quedó suspendido después de que las organizaciones judías lo denunciaran ante la Justicia por inconstitucional.
El lunes pasado, el Gobierno de Macri desistió de apelar el fallo de un tribunal de alzada que estableció la inconstitucionalidad del acuerdo.
El ataque contra la AMIA fue el segundo atentado terrorista contra intereses judíos en el país, después de que 29 personas muriesen en 1992 en una explosión frente a la embajada de Israel en Buenos Aires.
La comunidad judía atribuye a Irán y a Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.
