En la lista figuran dos senadores Lizarella Valiente y Ramón Retamozo, ambos simpatizantes del cartismo.
En el caso de la parlamentaria, habría presentado su descargo el lunes pasado, incluyendo observaciones registradas de forma preliminar. Supuestamente, los informes estarían listos entre febrero y marzo próximos.
En la mira también aparece el gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA), quien está siendo investigado al igual que su correligionario, Santiago Aguilera, intendente de San Antonio.
Otra funcionaria cuyos bienes están siendo analizados es Anadelia Acosta Armoa, actualmente ex funcionaria de la Cámara de Diputados.
La misma se vio obligada a renunciar tras una presión mediática, luego de comprobarse que se apropió de una indemnización de G. 800 millones (poco más de USD 100 mil al cambio actual), que debían ser destinados a dos familias de escasos recursos del departamento de Caaguazú.
La mujer, si bien terminó devolviendo casi la totalidad del dinero, finalmente quedó fuera de la Cámara Baja.
Otro ex funcionario también investigado es Gustavo Arias, ex consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), quien registra un incremento patrimonial no sustentado en sus ingresos, de acuerdo a un informe preliminar de la CGR publicada por los medios de comunicación meses atrás.
Mauro Ruiz Díaz, ex director de Inteligencia Técnica de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), también aparece en la nómina.
Este ex funcionario fue vinculado a grupos criminales por supuestamente filtrar datos a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset, vinculados al Operativo A Ultranza Py.
Estuvo comisionado a la Cámara de Diputados, y con el escándalo se le desvinculó.
MULTAS. Torres destacó que la CGR logró recaudar G. 2.000 millones de multas a funcionarios por incumplimiento de la declaración jurada en los últimos 5 años.
Desde la modificación de la Ley 5033/13 por la 6919/22 se aplica de acuerdo al porcentaje del salario, que va desde 20 al 100%, dependiendo de los días de atraso de acuerdo a lo reglamentado por la CGR.
Antes de la modificación de la Ley la multa era de 300 jornales para todos.
“Los sumarios administrativos para la aplicación de las sanciones se iniciaron en el 2020 y hasta la fecha tenemos más de 1000 sumarios concluidos”, comentó.
MÁS TRABAJOS. A la par de estos exámenes de correspondencia, la Contraloría General de la República está analizando las declaraciones juradas de nueve jueces de paz de la capital más los actuarios y ujieres de los mismos. En total representan alrededor de 43 personas. Esto en el marco de la Mafia de los Pagarés.
