Las apelaciones de dos de las defensas hicieron que se suspendiera por cuarta vez el juicio oral al ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Ignacio Luis Ortigoza y a otros acusados.
El juicio oral debía realizarse ante los jueces Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Fabián Weinsensee, en horas de la siesta de ayer.
Debían ser enjuiciados por supuesta lesión de confianza el ya citado Ortigoza y los peritos tasadores del MOPC Víctor Luis Blanco y Mario Echeverría.
Sin embargo, el pasado martes, los jueces decidieron que los acusados Milciades Duré, ex diputado y actual parlamentario del Mercosur, y Justo Gamarra no participaran del juicio oral, ya que tenían una acción de inconstitucionalidad pendiente.
Alegaron que hasta que el Máximo Tribunal no resuelva las acciones, no se iniciará el juicio contra ellos, por lo que dispusieron que sea desdoblada la causa.
Fue esto lo que apelaron tanto el abogado Álvaro Arias como José Fernández Zacur, por lo que el juicio oral tuvo que suspenderse.
ARGUMENTOS. Según Álvaro Arias, la defensa en juicio es inviolable y deben concurrir todas las partes, los peritos, los testigos.
Indicó que con la resolución se juzgaría por ejemplo a los tasadores del MOPC, acusados como cómplices, sin que concurrieran los supuestos autores.
Con este argumento, apelaron el fallo y señalaron que la resolución tenía efecto suspensivo hasta que el Tribunal de Apelación en lo Penal se expida al respecto.
Indicaron que los jueces entendieron que las acciones ante la Corte de Gamarra y Duré debían culminar primero y luego serán convocados al juicio oral.
Según Arias, era una diferencia de criterios, y ellos entendían que el juicio oral no podía desdoblarse como lo habían decidido los jueces.
En la causa, los fiscales René Fernández y Rodrigo Estigarribia hablan de un supuesto perjuicio de cerca de 48.000 millones de guaraníes al Indert mediante la compra de 5.000 hectáreas de tierras en Cordillera de la firma San Agustín, ligada al ex senador Jorge Oviedo Matto.
La compra se había hecho en las semanas previas a las elecciones presidenciales del 2013, donde resultó electo Horacio Cartes.
Tanto Milciades Duré como Justo Gamarra eran consejeros del Indert, mientras que Ortigoza era el presidente.
Otro de los procesados en la causa era el ex administrador de San Agustín, Arnaldo Jara.
El expediente, a la fecha, ya tiene más de seis años, sin que pueda iniciarse el juicio oral y público. La acción ante la Corte sigue sin resolverse.
Fiscalía alega sobrefacturación
La acusación fiscal afirma que el 27 de marzo de 2013, el Indert abonó la suma de G. 46.884.846.163 por una propiedad de 5.700 hectáreas ubicada en Cordillera. Según dice, el costo total quedó pactado en G. 60.000 millones.
El Ministerio Público refiere: “El inmueble tenía la finalidad de la integración de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. La investigación estableció que las tierras no son aptas para dichos fines. La compra se debió realizar de acuerdo al valor fiscal de los últimos 15 años, con lo que iba a costar unos G. 1.000 millones de guaraníes”. Es decir, hubo sobrefacturación.
