Los denunciantes son Dani Armando Gómez, Eusebia Raquel Lezcano y Vicente Díaz.
Mongelós refirió que los ex empleados se hallaban en cumplimiento de sus funciones sin inconveniente alguno, hasta que la patronal de forma unilateral ha dispuesto la modificación del horario de trabajo de los mismos como primer punto y, por otro lado, no ha abonado el total del salario a los mismos desde el mes de julio.
Los demandantes reclaman las indemnizaciones previstas en el Código Penal como pago por preaviso, vacaciones causadas, aguinaldo proporcional, los salarios de julio y agosto y la indemnización por el despido.
En ese sentido, Gómez reclama el pago total de G. 63.414.583; Eusebia Lezcano reclama la suma de G. 53.023.928 y Díaz, G. 62.173.127. Todos los funcionarios, incluidos estos ex empleados, pasaron por la suspensión temporal de sus puestos laborales debido a la cuarentena, dejando de percibir sus salarios completos.
Se entiende por despido indirecto como la renuncia en razón a causas imputables al empleador