29 mar. 2024

Ex esposa del intendente de Lambaré, con pena de 11 años

Condenadas. Los jueces dictaron sentencia ayer en el juicio oral por el caso Viradolce.

Condenadas. Los jueces dictaron sentencia ayer en el juicio oral por el caso Viradolce.

A 11 años de prisión fueron condenadas ayer la ex esposa del intendente de Lambaré, Armando Gómez, y la suegra del ex viceministro de Asuntos Políticos Jorge Turi Capello. Ambas fueron llevadas al penal del Buen Pastor.

La sentencia afecta a Anie Victoria Gibbons de Giménez y a Fabiola Bareiro, ex esposa de Gómez, quienes fueron halladas culpables de los delitos de estafa, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero.

Tanto la fiscala Pamela Pérez y la querella encabezada por el abogado Guillermo Duarte requirieron penas de 14 años y medio para ambas.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Héctor Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Sandra Farías, en forma unánime, dictó su veredicto.

Además de la condena, quedaron sin efecto las medidas alternativas a la prisión que tenían y fueron remitidas directamente al Penal de Mujeres del Buen Pastor.

Absolvieron a las acusadas por los delitos de apropiación, obstrucción al resarcimiento de daños y reducción.

ARGUMENTOS. Los jueces señalaron que con todas las pruebas producidas en el juicio oral, llegaron a la convicción de que se probaron los hechos acusados.

Indicaron que tanto Gibbons como Bareiro, administradora y secretaria de la firma Viradolce, se apropiaron de 197 cheques para pagos de proveedores entre los años 2013 y 2015.

Asimismo, indicaron que con firmas falsas, en los endosos, depositaron los cheques en sus cuentas bancarias.

Incluso, un tercio de los cheques eran cobrados y el otro era depositado en las cuentas corrientes de las procesadas.

Con ello, según explicaron, se produjo un daño patrimonial por la suma de G. 39.267.055.998, a más de USD 405.894.

Remarcaron que entendieron que se probaron los cargos de estafa, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero.

Con ello, dijeron que la pena que creían justa y útil era la de 11 años de encierro para las dos acusadas.

Al mismo tiempo, dejaron sin efecto las medidas alternativas de las que gozaban ambas, y decretaron su prisión preventiva.

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