La denuncia fue hecha en el 2002 por el entonces ministro de dicha secretaría, Óscar Stark Robledo, y la acusación recién fue tomada en setiembre del 2015, ya que el procesado estuvo prófugo por 12 años, hasta ser detenido por policías de Investigación de Delitos.
Al par de las investigaciones, se ordenó una auditoría y se detectaron irregularidades administrativas y un desvío de fondos de un proyecto de reforma a una cuenta bancaria abierta a nombre de Gustavo Cristaldo Espínola.
En ese entonces, él se desempeñaba como administrador del proyecto y encargado de elaborar las autorizaciones para los pagos.
La acusación formulada por la fiscala Liliana Alcaraz es por los hechos punibles de estafa y, según el Código Penal, Cristaldo se expone a una pena privativa de libertad de hasta ocho años.
El procesado ya tiene actualmente una condena reciente de cinco años por cargo de lesión de confianza, por desvío de unos G. 3.400 millones de los fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para mejorar la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
