El viernes la Justicia dispuso la detención de Morales para que sea conducido hacia el tribunal que examina un pedido de prisión preventiva de seis meses en su contra.
La orden fue emitida debido a que el ex mandatario de 65 años se ausentó por segunda vez a una audiencia judicial del caso.
La Fiscalía lo imputó por el delito de trata de personas por haberse involucrado en 2015 con una menor de 15 años, con quien habría tenido una hija y cuyos padres consintieron la unión a cambio de beneficios.
Morales está refugiado en el Chapare, una zona central controlada por cocaleros, sus más leales seguidores.
Sus partidarios aseguran que han montado varios “anillos de seguridad”, para impedir su arresto. Se trata de un movimiento capaz de movilizar a miles y de bloquear kilómetros de carreteras.
El paradero de Morales es público. Participa con frecuencia en eventos políticos que anuncia a través de sus redes sociales. Pero el Gobierno boliviano dice que aún espera el “momento preciso” para ejecutar la captura.
BAÑO DE SANGRE. Los correligionarios de Morales han advertido de un derramamiento de sangre si lo intenta. “No creo que el Gobierno tenga agallas” para estos enfrentamientos, dice Daniel Valverde, profesor de ciencia política de la universidad estatal Gabriel René Moreno de Santa Cruz.
“Podría ser la gota que termine por derramar el vaso. Guste o no, Evo Morales genera adhesiones (...). Eso no solo está en el Chapare, también está en las ciudades. Se volcarían contra el Gobierno”, sostiene.
Para Jorge Santistevan, especialista en inteligencia y seguridad interna, la inacción del gobierno hasta ahora responde en realidad a un cálculo político.
Según estima, el Estado cuenta con fuerzas de élite capaces de hacer efectiva la orden de aprehensión.
“Pero es cuestión de que el gobierno tenga la voluntad de hacerlo. Y al parecer no (la tiene)”, anota el experto, que duda de que al presidente Luis Arce le convenga políticamente atrapar a su rival.
Además de la aprehensión, a Morales también se le declaró en “rebeldía”, lo que implica que su caso no podrá archivarse hasta que aparezca.
De acuerdo con el abogado Martín de la Quintana, especialista en procesos penales, si Morales se entregara hoy, la primera sentencia podría llegar en un año y medio. Y luego de las apelaciones, la decisión quedaría firme en tres años.
Pero no hay señales de que Morales quiera tocar las puertas de la justicia.
En una reciente entrevista con la AFP, su abogado Nelson Cox señaló que “no tiene por qué entregarse”.
Su defensa ha calificado el proceso de “ilegal” y asegura que aquí “no hay víctima”, pues la supuesta afectada no ha interpuesto ninguna denuncia por trata. AFP
