El proceso investiga el supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa del diputado Cuevas, perteneciente al movimiento político oficialista Colorado Añetete, quien fue imputado, al igual que su hijo Enzo Cuevas Florentín y su esposa Nancy Florentín, además de la docente Griselda Beatriz Duarte de García, por presuntos hechos delictivos cometidos durante los periodos en que Cuevas fue administrador del puerto de Paranaguá, Brasil; intendente de Sapucái y gobernador de Paraguarí.
Tras la resolución de la Cámara de Apelación, el nuevo juez de la causa, Yoan Paul López, una vez que reciba el expediente deberá fijar la audiencia de imposición de medidas al legislador.
El caso Cuevas se ha vuelto uno de los más significativos sobre importantes figuras políticas acusadas de hechos de corrupción, que sin embargo son protegidas por altas autoridades del Poder Ejecutivo y el Legislativo, que tienen fuertes influencias para lograr burlar a la Justicia. Durante mucho tiempo sus colegas legisladores habían logrado impedir que sea desaforado para poder ser investigado. Por ello, que el expediente se mantenga en el ámbito judicial de Asunción puede ser interpretado como una garantía de que será más difícil manipular a los agentes de Justicia, como sí podría haber ocurrido en Paraguarí.
Tras varias publicaciones periodísticas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público, se abrió la investigación contra Cuevas que derivó en su imputación, presumiendo un perjuicio de aproximadamente 1.700 millones de guaraníes durante su función pública en Paraguarí, entre los años 2009 y 2019. La Fiscalía también detectó un total de 14 inmuebles que le pertenecen, tras acceder a su declaración jurada de bienes.
Aun así, Cuevas fue salvado reiteradas veces por sus propios colegas legisladores, especialmente los del oficialismo colorado, de tener que responder ante la Justicia con el argumento de que la investigación fiscal y judicial obedecía a una persecución política, recurriendo a un método muy similar por el que se sigue protegiendo a otros legisladores también investigados por la Justicia, como el diputado colorado cartista Tomás Éver Rivas, el diputado colorado oficialista Ulises Quintana y el diputado liberal Carlos Portillo, que recientemente fueron salvados de la pérdida de investidura, en otro lamentable ejemplo de abierta complicidad que favoreció a la impunidad.
Tras haber evitado que Cuevas pueda ser juzgado en su propio feudo, el sistema de justicia tiene ante sí el desafío de resolver una investigación emblemática vinculada a la corrupción, que puede ayudar a devolver algo de confianza en el Poder Judicial por parte de la ciudadanía.
