“Entre los principales hallazgos del trabajo, se advierte una marcada influencia del poder político en la designación de magistrados judiciales y demás operadores del sistema de Justicia (fiscales, defensores, síndicos, etc.)”, indica el estudio impulsado por la Red de Democracia y Transparencia (RDT).
En este Análisis del proceso de selección en el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia”, se señala también que hay numerosas leyes (ocho leyes identificadas) que regulan el proceso de nombramiento a cargo del CM, lo que crea inconsistencias y lagunas que dificultan una aplicación coherente de la normativa, según señalan.
“En tercer lugar, la percepción ciudadana negativa, que tanto en el CM como en la CSJ no se advierte una auténtica transparencia en la toma de decisiones y que las resoluciones se adoptan en sesiones previas reservadas”, dice.
Señala, por último, el reglamento del CM, como objeto de frecuentes críticas por parte de los postulantes en cuestiones como el examen de conocimiento, el test sicotécnico, la asignación de puntajes, la entrevista personal, elementos considerados como restas a la legitimidad del proceso.
Los investigadores a cargo del trabajo fueron los abogados Juan Carlos Mendonça Bonnet, Pablo Debuchy Boselli, Enrique Marín Fontclara (asesora metodológica) y Gloria Medina de Pérez.
RECOMENDACIONES. El extenso documento elaborado contiene, además de la identificación de problemas en el proceso de selección de jueces y magistrados, una serie de recomendaciones y sugerencias de cambios.
“En primer lugar, cabe resaltar que a nivel legal es impostergable realizar una labor de consolidación de las diversas leyes aplicables al proceso, o bien, dictar una nueva ley que unifique la legislación en la materia relacionada con el CM; por ende, es importante revisar el proyecto de ley de reforma del CM que se elaboró en la Comisión de Reforma del sistema de Justicia y que fue interpoderes”, dice.
Señalan además que, a nivel reglamentario, el CM debería reevaluar el examen de conocimiento, el test de selección múltiple, el test sicotécnico, la asignación de puntajes y la entrevista personal.
“Por otro lado, la CSJ debería establecer reglas más claras respecto del proceso que se lleva a cabo ante ella. Por ejemplo, en relación con las entrevistas con los postulantes y a la selección de uno de los ternados”, indican los abogados autores del estudio.
Recomiendan además que el examen de conocimiento evalúe también la capacidad de razonamiento del postulante y se capacite a los postulantes sobre la metodología del test de selección múltiple.
“El test sicotécnico debería ser reformulado a fin de medir efectivamente capacidades, aptitudes y actitudes propias de la función judicial. En la asignación de puntajes: se debería reconsiderar el puntaje por publicaciones y capacitaciones, mejorar método de evaluación subjetiva del desempeño de magistrados; actualmente, el análisis depende de dos expedientes tomados al azar”, indican.
Instan a no solo considerar los años transcurridos desde la recepción del título universitario, revisar el peso de los ítems, y excluir el lugar de residencia como ítem a ser evaluado, y que la entrevista personal sea con la mayoría de los miembros del CM (actualmente se hace con solo dos, designados por sorteo).
ELECCIONES. El estudio se realizó entre febrero y mayo de este año, y menciona el contexto de la elección del gremio de abogados que se realizó este sábado 21, donde resultó como más votado el candidato de Lista B Es Nuestro Movimiento, con el abogado Jorge Bogarín Alfonso a la cabeza, que tuvo el apoyo del ex presidente Horacio Cartes.
Hay una marcada influencia del poder político en la designación de magistrados y demás operadores del sistema. Informe elaborado por el CIRD y CIDSEP/UC.
