Alumnos del Colegio Nacional Tacurú Pucú de Hernandarias sostienen que hay corrupción en la administración de la dirección del colegio y piden que el Ministerio de Educación y Ciencias investigue los hechos, a través de la unidad Anticorrupción. Exigen la presencia del titular, José Casañas Levi.
Entre los cuestionados ahora se incluye a la Supervisión y a la Asesoría del MEC, que supuestamente están tratando de encubrir las irregularidades, según el presidente del centro de estudiantes, Marcos Páez.
El colegio ya había sido tomado este año, lo que derivó en la reasignación de la directora Liliana Noemí Arzamendia González, mientras que un equipo de gestión realiza una verificación administrativa, pedagógica y comunitaria, por disposición del MEC. El trabajo aún no concluyó, pero los estudiantes sospechan que la intención es blanquear a la directora.
CUESTIONAMIENTOS. La directora organizó un sorteo para juntar fondos porque comenzó el año sin dinero, según su informe de descargo ante el MEC, pero en su planilla de ejecución adjuntó un informe en el cual dice que recibió G. 63 millones en concepto de aporte voluntario por inscripciones, según Páez.
En su balance presentado ante la Contraloría refiere a compras de electrodomésticos que no ingresaron en el colegio, y desembolsos por gastos capital de G. 75 millones que corresponden a gastos corrientes, como la reparación de acondicionadores de aire. Este último suma casi G. 15 millones, pero con una empresa que es de su hermano, con sede en Villarrica, Guairá.
Hay un expediente abierto y el equipo de gestión elevó un informe. “Nosotros no decidimos nada”, afirmó el abogado Eddi Centurión, asesor.
Añadió que “la rendición de cuenta de 73 millones por gratuidad ya fue aprobada por el MEC y la Contraloría, y ahora el MEC ya liberó el fondo para el segundo semestre. Eso no se libera si hay irregularidad”.
