Las ocupaciones comenzaron a principios de octubre en Paraná (sur), región donde el sistema educativo estaba “abandonado por el estado”, según dijo a Efe la presidenta de la Unión Brasileña de Estudiantes de Secundaria (UBES), Camila Lanes, pero se han extendido y han paralizado las clases en un goteo por todo el país.
En todo Brasil han sido ocupadas 1.047 escuelas (845 de ellas en Paraná), 102 universidades y otros tres centros educativos, además de la Cámara Legislativa Municipal de Guarulhos (Sao Paulo) que lleva una semana tomada por los estudiantes, según recuentos de la UBES y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).
Las movilizaciones han conseguido alargarse porque los estudiantes se han organizado para dividirse tareas de cocina y limpieza y porque, para ocupar el tiempo libre, han puesto en marcha debates, talleres y otras actividades culturales y deportivas.
El último caso, ocurrido este jueves, fue la ocupación de la rectoría de la Universidad de Cascavel, en Paraná, por parte de unos 40 alumnos.
El Gobierno brasileño está presionando a los alumnos para que acaben las movilizaciones y la policía ha realizado desalojos de decenas de escuelas en los últimos días, en algunos casos sin autorización judicial, según las asociaciones estudiantiles.
En el desalojo de una escuela del municipio de Miracema (Tocantins, norte), la Policía arrestó este jueves a 26 estudiantes, entre ellos once menores de edad, que fueron esposados y llevados a comisaría, según informó la UBES.
El ministro de Educación, José Mendonça Bezerra, ha dado un ultimátum a los estudiantes para que desocupen las escuelas el lunes como fecha límite bajo la amenaza de cancelar los exámenes que sirven de baremo para el acceso a la universidad, conocidos como ENEM, programados para inicios de noviembre.
La principal reivindicación de los estudiantes es que se archive una propuesta de enmienda a la Constitución que pretende restringir los gastos públicos en los próximos veinte años.
Esta medida, que según sus detractores implicará una “congelación” de las inversiones en la educación, fue aprobada el pasado martes en la Cámara de los Diputados y va a ser discutida en el Senado, antes de entrar en vigor.
Los estudiantes también piden la derogación de la reforma de la enseñanza media, aprobada por decreto el pasado septiembre por Temer, sin consultar previamente a los miembros de la comunidad educativa.
Entre otras críticas a esa reforma, la UBES protesta porque suprime la obligatoriedad de las asignaturas que fomentan la “formación crítica”, entre ellas arte, sociología y filosofía, además de la educación física.
“El decreto es una acción pensada para que la educación sea una mercancía, para que el alumno aprenda a poner un tornillo y sea útil al mercado, pero no propone una educación de calidad”, dijo Lanes.
Los estudiantes también rechazan un proyecto legislativo que tramita en el Senado y propugna que los profesores deben abstenerse de manifestar opiniones políticas, han de ser neutrales en la enseñanza de cuestiones socioculturales y deben respetar las convicciones religiosas de los alumnos.
Según sus detractores, este proyecto, conocido como “escuela sin partido”, atenta contra la libertad de expresión y de cátedra y está ideado para evitar que se enseñen en la escuela cuestiones políticas, de orientación sexual e incluso, la teoría de la evolución, puesto que contradice las creencias de los evangélicos.
Manuel Pérez Bella
