Según el proyecto, prevé la asignación de hasta USD 300 millones, “cuyo instrumento de crédito para su validez deberá contar con la ratificación del Congreso Nacional”. Esta suma es superior a los USD 275 millones presentados en el estudio de factibilidad analizado para la obtención del código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Sin embargo, según dictamen del otrora Ministerio de Hacienda, el proyecto necesita una inversión total de USD 587.740.495.
La Coordinadora de Comisiones Vecinales afectadas por el proyecto de ley expuso, mediante su representante, Wilfrido Fernández, algunos puntos en contra, aduciendo que no se trata en esencia de una ley marco, ya que literalmente se adjudica la obra sin licitación a referentes coreanos “sin estar determinado el costo final de la obra ni otros detalles elementales”.
“El Congreso no tiene facultades para ello, porque a tenor del artículo 202 de la Constitución Nacional, solo puede evaluar y aprobar la contratación de empréstitos destinados a contrataciones públicas”, destacó.
El abogado agregó que la propuesta coreana no se acoge para nada a la excepción prevista en la legislación paraguaya con respecto a la ausencia de licitaciones, mientras que aseguró la inexistencia aún del consorcio que pretende instalar el tren de cercanías.
“En cuanto a la franja de dominio, se elimina el requisito de la Ley N° 6084/2018, por la cual para que pueda estudiarse cualquier proyecto debe incluirse en la propuesta el costo total de las indemnizaciones a ser abonadas. En este caso, el costo es multimillonario si se va por la vía histórica”, puntualizó.
