La política criminal consiste en todas aquellas estrategias, instrumentos y acciones por parte del Estado para controlar y prevenir delitos en cuanto a las conductas criminales, según una de las tantas definiciones que existen. Pero, para que surta efecto, debe haber una voluntad política para realizarla.
El tema es bastante complejo, teniendo en cuenta que su fin es acabar justamente con la criminalidad, y dirigir con ese objetivo las leyes que se dictarán por el Congreso.
Normalmente, tiene una forma represiva cuando se atacan los delitos luego de ser cometidos, y otra es la forma preventiva, que se da antes de que ocurran los hechos punibles, porque lo que quiere es evitar que se produzcan.
La ola de inseguridad que se dio, como el caso de sicariato en nuestra capital, los asaltos fatales que hubo, entre otras cosas, también agravada con la sensación de inseguridad entiendo también por las imágenes en las redes sociales, hacen que la política criminal del Estado esté en el ojo de la tormenta.
Es que la única solución que nos dan es agravar las penas, culpar a las medidas alternativas a la prisión, una excusa repetida que siempre se escucha cuando se reclama a la Policía su total inoperancia en su lucha contra la delincuencia.
Incluso, para cambiar esta imagen negativa y las críticas de la ciudadanía, se trató de calmar las aguas a través de una verdadera purga en la institución policial.
Sin embargo, hasta el momento, es evidente que no existe una política criminal por parte del Estado, sino que lo que tenemos son solo parches que se hacen para tratar de solucionar los problemas.
Y, cuando se dan solo este tipo de soluciones, sumadas a que estamos a menos de un mes de las elecciones municipales, que sirven de termómetro para las presidenciales, tenemos que cualquier propuesta sea solo con objetivos electorales.
Así, lo primero que se habla es de aumentar las penas, reducir los derechos procesales, para evitar “las libertades” de las que tanto se queja la Policía Nacional cuando arrecian las críticas a su labor.
Pero aumentar penas de los delitos no es la solución al problema de la ola de inseguridad. Es que los delincuentes no miran el Código Penal, o la expectativa de pena que tendrán cuando cometen hechos punibles.
Lo peor es que cuando saben que tendrán altas penas, incluso son más crueles, para no dejarse atrapar y así evitar ir a prisión.
Colombia, un país donde se tienen altas penas carcelarias por los hechos punibles, como prisión perpetua revisable y 50 años de encierro, tiene más de 100 líderes sociales asesinados solo este año.
Estados Unidos tampoco redujo su criminalidad por las altas sanciones, incluso la muerte en algunos estados.
Es evidente que duras condenas no reducen la criminalidad reinante, sino que solo calma el clamor social.
No digo que no se castigue al delincuente, sino que se busque otra estrategia para luchar contra la criminalidad. Creo que el camino es el trabajo preventivo.
Es que la pobreza extrema en algunos lugares, especialmente por la pandemia, la proliferación de las drogas entre los jóvenes, la alta deserción escolar, que minan a nuestra juventud, hacen que crezcan los índices de criminalidad. Y no hablo de la corrupción estatal, que desacredita cualquier labor que trata de realizar el Gobierno, lo que también es un grave problema.
Lo que se debería hacer es trabajar en la prevención de los hechos punibles. Atacarlos antes de que se produzcan. Reducir la posibilidad de que las personas vayan por el mal camino. Así, no tendremos que lamentar más muertes, más asaltos.
Nuestro Código Penal no es malo. Nuestro Código Procesal Penal tampoco. Pero los parches legislativos hacen que cada vez sea más complicado aplicarlos con todas las modificaciones que se dan especialmente en tiempo electoral. Cambiemos de estrategia.
