Agustín Garcete, padre del menor de 5 años de edad, de la comunidad indígena que falleció semanas atrás por pulmonía y que no tuvo asistencia a tiempo por la obstrucción de caminos vecinales por parte de estancieros, llevó la denuncia ante el Senado, agregando que 40 familias sufren del encierro en su propia comunidad.
Pese a que la víctima es un niño y los padres claman justicia e intervención de las autoridades, la Fiscalía aún no realizó ninguna diligencia, señaló el padre. Indicó a Baltazar Almada, como quien cobra a la altura del km.35 de la Ruta Ñ (Presidente Hayes), entre G. 500 mil, 1 millón o hasta G. 20 millones, según los portones por los que deba cruzar la gente. “Nuestro hijo enfermó un sábado y el lunes quisimos pasar con tractor, pero se nos opusieron”, dijo. El senador Salyn Buzarquis dijo que es inconstitucional privatizar caminos públicos.
