Opinión

Estafa electoral

Adrián Cáceres Por Adrián Cáceres

El 15 de noviembre de 2015, en las penúltimas elecciones municipales, los paraguayos elegimos a las autoridades comunales que representarían a las localidades por cinco años. Al menos eso es lo que acordamos todos los habitantes de esta República: optar por personas que ocuparían un cargo por un lustro, nada más que eso. Pero vino la pandemia y los dientes de la jauría política salieron para aprovechar su oportunidad en todo sentido, buscando más y más comida en la función pública.

De esta manera, hubo denuncias de corrupción aquí y acullá. Unos se salieron con la suya; otros están imputados; hubo algunos privados de libertad por algún tiempo; pero absolutamente todos están sin condena. A pesar de esta escalofriante situación –derroche de dinero público en plena pandemia, cuando tantas necesidades de salud público se incrementaron–, se promulgó la Ley 6547/2020 que estableció que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fijara un nuevo cronograma para las elecciones municipales programadas en principio para el 2020, las cuales fueron postergadas por hasta un año.

La consecuencia –para mí nefasta– de la normativa citada en el párrafo precedente fue la prórroga hasta doce meses del mandato de los intendentes y concejales municipales de todos los distritos del Paraguay, quienes siguieron en el ejercicio de sus funciones hasta la asunción de las nuevas autoridades electas. Eso no fue lo acordado por el pueblo paraguayo en las elecciones de 2015, avasallaron asquerosamente la voluntad popular: peligrosa violación de los juegos limpios que deberían darse en la democracia.

Aquella vez argumentaron que se estaba buscando salvar la vida de miles de personas por el peligro de la pandemia. Sí, sí, cómo no, pero esa misma crisis sanitaria no les impidió cometer barbaridades con los recursos públicos, porque malgastando el dinero de todos también se está atacando a la vida de las personas, no hay que pretender tapar ese sol con el dedo meñique.

Hasta ahora no entiendo cómo no encontraron la forma de salvar la situación y realizar las elecciones en tiempo y forma, como tiene que ser, con toda la tecnología disponible hoy en día, con la capacidad de ensayar soluciones para cuidar la vida de las personas sin negarles el derecho a elegir de nuevo, sin extender el periodo de autoridades que fueron puestas solamente por cinco años.

Pero eso no es todo, querido lector. El 10 de octubre del 2021 los paraguayos salieron nuevamente confiados a votar por las próximas autoridades municipales. Entonces, el trato era que los próximos elegidos solamente estarían cuatro años en los respectivos cargos para corregir el desmadre hecho con la ampliación del mandato anterior.

Sin embargo, de nuevo no contamos con la astucia de la jauría política, que una vez más amplió el año de mandato llevando al puñado de años el desempeño de las funciones públicas. La voluntad popular otra vez fue atropellada con una ley promulgada ante el inexplicable vencimiento del plazo para su análisis por parte del Poder Ejecutivo.

En este sentido, Última Hora publicó que “el presidente de la República no objetó la ley a pesar del pedido que hubo de parte de la Justicia Electoral”. Mínimamente llamativo el tema.

Es más, luego el mandatario “aseguró que decidió no vetar la ley por la cual se extiende por un año el mandato de los intendentes y concejales de todo el país, para evitar “enfrentarse” con los que siguen atornillados en los municipios y con los que los defienden en el Congreso”. Una vergüenza. Prefirió violar la voluntad popular, pero no combatir a la horda de sus leales chupasangres de las municipalidades. No comprendo cómo la furia ciudadana no se desató por este desacato a la democracia. Si esto no es una estafa electoral, ¿¡entonces qué lo es!?

Ha de ser esa una de las razones por las cuales la gente no quiere votar a veces, pucha que nos joden todo.

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