A casi dos años desde que el actual Gobierno decidió no dar continuidad al proyecto de su antecesor, por haberse vuelto inviable y por los graves perjuicios ocasionados, asumiendo los costos perdidos e incluso procediendo a demoler las pocas primeras obras realizadas porque se habían convertido en un obstáculo para la circulación, la investigación sobre lo ocurrido no ha avanzado en el sistema de Justicia.
Una primera denuncia por lesión de confianza, fue presentada en mayo de 2018 por el ingeniero Herman Pankow, en representación de los frentistas afectados, contra el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y la ex viceministra de Finanzas de dicha cartera, Marta Benítez. Posteriormente fue ampliada en setiembre del mismo año, involucrando también al ex viceministro de Obras Juan Manuel Cano, al ex representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Almeida, y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
Una publicación de este diario dio a conocer ayer que, a dos años y un mes de dicha denuncia, la investigación continúa parada ya que la Corte aún no ha resuelto la apelación contra la confirmación de la fiscala Natalia Silva.
Lo más llamativo es que, a pesar de la gran dimensión y envergadura del hecho denunciado, el proceso nunca se derivó a la Fiscalía de Delitos Económicos y se mantiene paralizado en una fiscalía barrial. Resulta igualmente curioso que, siendo el principal denunciado el ex ministro Jiménez Gaona, la carátula del expediente abierto por la Fiscalía es contra Esteban Sarubbi, ex jefe de gabinete del MOPC.
Otra denuncia penal sobre el caso Metrobús fue presentada en enero de este año por el senador liberal Salym Buzarquis, también contra Jiménez Gaona y quienes resultaren responsables de los supuestos ilícitos de lesión de confianza y estafa, destacando que la frustrada obra dejó una deuda de 50 millones de dólares para el Estado paraguayo, además de que la empresa contratista, Mota Engil, reclama otros 18 millones. La empresa solo concluyó 800 metros de los 16,4 kilómetros del proyecto, cobrando unos USD 21 millones.
Buzarquis reiteró que los responsables del Metrobús incurrieron en un grave daño patrimonial al pueblo paraguayo, con un proyecto de USD 125 millones por el que Paraguay se endeudó.
Todo parece indicar que, ante la inacción del sistema de Justicia, uno de los casos más emblemáticos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental va camino a la impunidad o al oparei. La ciudadanía no lo debe permitir.
