Desde la implementación de la ley que establece la obligatoriedad de la publicación de la nómina de funcionarios, salarios y viáticos, fueron sancionadas 41 instituciones del Estado por la suma de G. 627.400.875.
De acuerdo al informe oficial de la Secretaría de la Función Pública aparecen varios municipios en la nómina de morosos que hacen la vista gorda e incumplen la ley. Desde el 2014 hasta la fecha, fueron castigados 21 jefes comunales.
En el registro de depósitos realizados por los organismos y entidades del Estado en el Ministerio de Hacienda, aparecen dos municipios con las multas más altas. En primer lugar, la intendencia de Foz de Yguazú con una multa de G. 39.828.939. En segundo lugar, la intendencia de Yguazú con una sanción por valor de G. 27.200.866.
A nivel del Departamento Central, aparece la intendencia de Fernando de la Mora, con una multa de G. 25.256.146.
La Ley 5189/14, en el artículo 8 señala que las autoridades que incumplan la obligación de informar serán castigadas con 180 días de multa. En ese sentido, la multa asciende a la suma de G. 12.628.073.
La mayoría de las sanciones fueron registradas un año después de la implementación de la Ley, en la administración anterior de Horacio Cartes.
Bajo la administración de Mario Abdo Benítez se registra que hubo una recaudación de G. 146 millones. La mayoría de ellos corresponden a municipios, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este y la Caja de Seguridad Social de Funcionarios Ferroviarios.
A nivel del Poder Judicial se registran faltas por parte del Ministerio Público en el 2017; y el Ministerio de la Defensa Pública en el 2015.
Cuando comenzó a implementarse la disposición muchos municipios argumentaban que no tenían posibilidades de informar por la falta de página web. Sin embargo, a cinco años de su vigencia, algunos siguen incumpliendo la norma legal. Las autoridades que están al frente de las instituciones deben informar periódicamente a la Secretaría de la Función Pública que se encarga de hacer un consolidado del cumplimiento con las respectivas altas y bajas.
Hasta el momento existen dificultades a la hora de establecer sanciones en caso de incumplimiento. En el 2015, aparecen algunas gobernaciones en falta. En el registro están Central y Ñeembucú.
La ley que establece la obligatoriedad de la información pública señala que todos los organismos y entidades del Estado están sujetos a presentar la estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias; las instituciones privadas que reciben transferencias o que administran fondos del Estado. Igualmente la nómina completa de sus funcionarios permanentes, contratados y de elección popular. Debe tener el número de cédula identidad, año de ingreso, salarios, dietas, sueldos que corresponden a cada cargo. Además de los gastos de representación y las bonificaciones discriminadas.
El informe público debe detallar sobre todos los viajes realizados por los funcionarios y con sus respectivos viáticos. También debe tener la lista de funcionarios que están comisionados a otras instituciones.
Se formó un equipo para estudiar la reglamentación
Desde la Secretaría de la Función Pública se informó sobre la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República con el objetivo de analizar los mecanismos que permitan la aplicación efectiva de las normativas y que requieren definición para la correcta aplicación.
La Ley 5189/2014 que obliga la publicación de información sobre salarios del funcionariado público, necesita el análisis de los mecanismos a ser aplicados para el cobro de las multas por el incumplimiento a los organismos y entidades del Estado.
Una de las discusiones es que las instituciones que están en falta puedan brindar un informe sobre la situación antes de recibir la sanción por parte del Ministerio de Hacienda. Además están viendo para efectivizar el ingreso de personas con discapacidad.
