El Estado paraguayo nunca se interesó en investigar verdaderamente el asesinato, ocurrido durante el gobierno del general Andrés Rodríguez, porque la trama envolvía a personas muy cercanas al poder de la época. Por el contrario, el sistema de Justicia y las demás instituciones del Estado, más que descubrir a los asesinatos se encargaron de encubrir el caso, posibilitando que otros 16 casos de asesinatos de periodistas se sigan cometiendo, la mayoría en la impunidad. El único caso que mereció una investigación y la detención de los principales responsables fue el asesinato del corresponsal Pablo Medina, del diario ABC Color, ocurrido en 2014.
Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución de fondo, estableciendo que el Estado paraguayo es responsable de varias violaciones de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), respecto al asesinato del periodista Santiago Leguizamón, y de que este caso haya quedado en la impunidad.
Concretamente, la CIDH considera que se violaron los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (prohibición de la tortura y malos tratos), 13 (derecho a la libertad de expresión), 8 (derecho a la justicia) y 25 (protección judicial), en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio del periodista y su familia.
En su informe, el organismo internacional recomienda al Estado paraguayo cumplir los siguientes puntos: Realizar una investigación completa del asesinato; Establecer cooperación del Estado de Brasil para que Paraguay investigue y sancione o, en su caso que Paraguay colabore con el Estado de Brasil para que se realice una investigación; Adoptar medidas para reducir la exposición al riesgo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que se encuentran en situación de riesgo especial; Fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de periodistas; Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe; Diseñar programas de formación y capacitación que incluyan los estándares y criterios con relación la investigación de crímenes contra periodistas.
La resolución de la CIDH abre la posibilidad de que la familia de Leguizamón y los gremios de periodistas en el país encuentren por fin una mejor respuesta a los muchos reclamos ante los graves ataques a la libertad de expresión y respecto a la impunidad que envuelve a la mayoría de los casos. Una vez más, resulta lamentable que un organismo internacional deba garantizar la justicia que las autoridades paraguayas no son capaces de proveer a sus conciudadanos.
