Editorial

Estado debe pagar la histórica deuda con la gente de Ñeembucú

Hace casi cuatro décadas, en la gran inundación de 1982 y 1983, la ciudad de Pilar fue completamente cubierta por las aguas y tuvo que ser evacuada totalmente. Desde entonces, sucesivos gobiernos se han comprometido a encontrar soluciones definitivas que ayuden a ponerla a salvo de las crecidas. La actual situación, agravada por las intensas últimas lluvias, nuevamente ponen a la capital y otras ciudades de Ñeembucú en situación de grave emergencia, destacando la desidia de las autoridades y despertando la indignación de los pobladores. Es tiempo de saldar la histórica deuda con la sufrida gente del Sur.

En la noche del último lunes, una multitud de pobladores salió a las calles de la ciudad de Pilar a manifestarse, cerrando la ruta principal de acceso a la altura del puente sobre el arroyo Ñeembucú, reclamando la asistencia urgente y efectiva de organismos gubernamentales y exigiendo además la renuncia de sus principales autoridades, el gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez, y el intendente municipal de Pilar, Alfredo Stete, a quienes acusan de inoperantes.

La indignación de los pilarenses y ñeembuqueños es comprensible. La capital departamental y gran parte de otras localidades de la región se encuentran desde hace meses bajo agua, ante la crecida sostenida del río Paraguay y la acumulación de caudales por las últimas lluvias caídas, que afectan tanto a las zonas productivas rurales, rodeadas de humedales, perjudicando a la agricultura y a la ganadería, como a las áreas urbanas, donde barrios enteros están anegados. La gran tormenta registrada el pasado viernes 10 agravó la situación, ya que parte del muro de la Costanera de Pilar se derrumbó y las motobombas que realizan el desagüe dejaron de funcionar.

Ñeembucú tiene a unas 18.000 familias afectadas por las inundaciones y tan solo la ciudad de Pilar cuenta con más de 10.000 familias damnificadas. La visita del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, luego del temporal y la disposición de que todas las dependencias del Estado brinden asistencia a los perjudicados, no ha resultado suficiente. Los pobladores siguen demandando soluciones más efectivas.

El reclamo es justo. El Estado tiene una deuda histórica con la ciudad de Pilar y con todo Ñeembucú, tanto en la implementación de trabajos técnicos de fondo que ayuden a solucionar en forma definitiva el problema de las inundaciones, como en la construcción de caminos que ayuden a sacar de su aislamiento ancestral a muchas ciudades del departamento, varias de ellas de gran importancia histórica por haber sido escenario de las primeras contiendas de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

Hace casi cuatro décadas, aún durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), cuando se produjo la gran inundación de 1982 y 1983, los pobladores de Pilar resistieron heroicamente con muros construidos a pulso, hasta que la fuerza de las aguas desbordadas resultó mayor, y la ciudad acabó totalmente cubierta por las aguas, obligando a la evacuación total.

Desde entonces, sucesivos gobiernos hicieron promesas de buscar soluciones definitivas al flagelo de las crecientes, sin llegar a cumplirlas. Las pocas experiencias en ese sentido no han resultado muy positivas. En 2012, el entonces gobernador de Ñeembucú y actual presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, adjudicó a una empresa de su principal operador político, Víctor Caballero, actual presidente de la Seccional Colorada N° 219 de Pilar, la construcción de una costanera de 1.120 metros, por valor de G. 4.558 millones, pero acabó costando 5.478 millones. La obra se inauguró en 2013, pero presenta daños estructurales y fue la que se derrumbó en gran parte con la última tormenta.

Pilar y Ñeembucú se merecen superar los muchos años de olvido y soledad por parte del Estado. Es tiempo de saldar la histórica deuda con la sufrida gente del Sur.

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