21 feb. 2024

Estado debe garantizar el periodismo en la frontera

En medio de la conmoción social por el asesinato de un comunicador en la frontera, la fiscala Katia Uemura, encargada de investigar el caso, se atreve a culpar a la víctima argumentando que Humberto Coronel “se regaló” al sicariato, cuando el colega, en realidad, alertó de la amenaza de muerte que recibió ya en junio pasado.

Junto con Gustavo Báez, otro trabajador de radio Amambay 570 AM, dieron aviso al Sindicato de Periodistas del Paraguay, gremio que a su vez pidió protección para los comunicadores en todas las instancias estatales, incluyendo la Mesa para la Seguridad de Periodistas, articulada junto con instituciones del Estado.

Humberto trabajaba en un medio radial que ya sufrió atentados al igual que la familia propietaria: los Acevedo, de tracción liberal. En este clan, primero fue víctima mortal la hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, y luego su hermano, el intendente de Pedro Juan Caballero, Juan Carlos Acevedo, mientras que el diputado Robert Acevedo, quien falleció de Covid-19 en el 2021, también fue víctima de atentados anteriormente.

El mismo medio había sido atacado en varias ocasiones, incluso con una granada, pero aun así los organismos de seguridad no reforzaron la seguridad para los trabajadores y trabajadoras. En el 2014, Fausto Gabriel Alcaraz, también comunicador de radio Amambay, murió en las mismas circunstancias que Humberto; un sicariato perpetrado a bordo de una motocicleta, pero entonces tampoco se elaboró un protocolo especial.

Suman ocho los asesinatos de periodistas solo en el Departamento de Amambay de una veintena de casos que registra la Mesa para la Seguridad de Periodistas. Además de Humberto y Gabriel fueron víctimas Leo Veras, de Ponta Pora News y colaborador del diario ABC Color, fue asesinado en el 2020 en Pedro Juan Caballero; Gerardo Servián, de radio Ciudad Nueva, fue atacado en Zanja Pytá en el 2015; Marcelino Vázquez, de la emisora Sin Fronteras, fue acribillado en el 2003; Carlos Artaza, fotorreportero de la Gobernación de Amambay, fue atacado por sicarios en el 2013; Samuel Román, de la radio comunitaria Conquista FM, fue víctima de 13 balazos de parte de tres sicarios en un ataque registrado en el 2004, y el emblemático caso de Santiago Leguizamón, propietario de radio Murucuyá.

En su mayoría, los homicidios no fueron investigados seriamente como el de Leguizamón, que ya que se encuentra en instancias internacionales ante la ineptitud del Estado o falta de voluntad para hacer justicia.

FRONTERA VULNERABLE. Las ciudades fronterizas están secuestradas por el crimen organizado y quienes intentan levantar la voz son silenciados. Esta situación no solo denuncian pobladores y pobladoras o trabajadores y trabajadoras de prensa, hasta el propio informe de Gafilat recogió evidencias sobre la vulnerabilidad de las fronteras, así como la falta de respuesta ante los casos de lavado de dinero, haciendo alusión a la Fiscalía y al Poder Judicial. De esta manera no solo está en riesgo la seguridad física de las personas, el derecho a la libre expresión o acceso a la información, sino también está en juego toda la economía paraguaya, de la cual depende la población en general.

De momento es imposible ejercer el periodismo en Amambay, lo advirtió el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, quien se reunió ayer por más de dos horas con el ministro del Interior, Federico González, y con el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas.

En medio de excusas por la falta de recursos humanos y económicos, las autoridades finalmente se comprometieron a responder con más agilidad a los pedidos de protección y a ampliar la presencia policial en Pedro Juan Caballero. Si estas promesas se cumplen, estarán protegiendo a otros comunicadores de la frontera y, en especial, de radio Amambay, donde hay más amenazas de muerte.

Más contenido de esta sección
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.
A poco más de dos semanas del inicio de las clases en las instituciones educativas oficiales, nos encontramos frente a un desolador y conocido panorama: el abandono de las escuelas públicas. En un rápido recorrido de UH por algunos establecimientos se comprueban pisos hundidos, techos con goteras, letrinas en vez de baños, sin acceso a energía eléctrica o agua potable. Ese es precisamente el estado de la educación pública en el Paraguay, un país desigual que les niega las mínimas oportunidades a sus niños y jóvenes.