Las personas que quieran ir a la avenida Costanera a realizar paseos, trotes o cualquier otra actividad deportiva o de esparcimiento se encontrarán con el drama de conseguir un espacio para estacionar su vehículo en los 3,8 kilómetros que se tienen desde Montevideo hasta General Santos.
Esto se debe a que cada lugar destinado a los automóviles se encuentra ocupado desde muy tempranas horas, principalmente de lunes a viernes, por funcionarios públicos que hacen oficina en distintos puntos del microcentro de Asunción.
Este panorama de copamiento de estos sitios se da sobre todo en un horario que va desde las 6.00 hasta las 15.00 de cada jornada.
La situación genera todo tipo de quejas y los reclamos de la gente que busca disfrutar de esta infraestructura ribereña de la capital son persistentes. Además insisten en que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realice los controles correspondientes para garantizar que se tenga disponibilidad de estacionamientos en esa zona.
La promesa de las autoridades municipales de asegurar que en todo ese recorrido se produzca una rotación de rodados quedó en el oparei.
RESPUESTA. El jefe de Comunicaciones de la PMT, inspector Manuel Gamarra, admitió que es un tanto difícil prohibir a los conductores aparcar sus máquinas en los espacios destinados para el efecto, puesto que es un tanto complicado diferenciar quién es funcionario público y quién es un visitante.
En ese sentido, apuntó que sí se aplica lo establecido en la Ordenanza 479/10 Reglamento General de Tránsito de aplicar multas a quienes dejen sus rodados en lugares prohibidos, como rampas para discapacitados, sobre franjas peatonales, sectores para motocicletas, entre otros.
“Cuando vengo a las 5.45 horas de la mañana al Centro de Control Semafórico ya hay buena cantidad de vehículos estacionados en el área. Pero no se puede prohibir a nadie estacionar si es que no comete una infracción”, insistió.
Dijo además que cada 15 o 20 minutos ingresa a la avenida Costanera una grúa con agentes de Tránsito para fiscalizar que no se cometan transgresiones a la norma municipal, las cuales, en caso de ser comprobadas, ameritan el traslado del vehículo al corralón municipal y la aplicación de las sanciones previstas.
