Natalicio Chase, presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), explicó que calculan en G. 100.000 millones el perjuicio que la compañía tendría que afrontar si se promulgase la ley sancionada por el Congreso para la anulación de las facturas emitidas en la cuarentena sanitaria, que también afecta a la aguatera estatal.
Sobre la eventual operativa, Chase expresó que deberán anular las facturas de abril y mayo, acreditar ese monto a la cuenta de los usuarios, volver a emitir una factura y dividir la deuda en 18 meses. “No sabemos de dónde va a salir el recurso para nuestro sustento”, comentó el titular de Essap, en entrevista concedida a Monumental AM 1080.
La empresa había exonerado por tres meses las facturas de aquellos usuarios cuyo consumo no superaron los G. 50.000, en el marco de la conocida como Ley de Emergencia. Para aquellos que no puedan pagar el servicio se dio la opción de financiación de la obligación desde el mes de julio, en hasta 18 cuotas sin recargos ni intereses.