La escasa educación financiera en gran parte de nuestra sociedad es el campo fértil que hizo florecer varios esquemas de negocios –algunos, incluso operando al margen de la ley–, que se presentan como grandes ofertas de inversión para luego transformarse en un tremendo dolor de cabeza.
En las últimas semanas tuvo mucha repercusión el supuesto “sistema de inversión”, que opera en las plataformas virtuales D9 y MinerWorld. En ambos casos, se prometen altos retornos por supuestos paquetes de inversión que van de USD 30 hasta USD 2.000.
Este sistema opera totalmente al margen de las leyes de mercadeo y se fortalecen captando dinero, principalmente de gente trabajadora que inocentemente hace depósitos sin recibir ningún comprobante o constancia de un contrato legal que certifique tal inversión.
Este esquema funciona bajo la recordada y fraudulenta estructura piramidal Ponzi, que años atrás también significó importante pérdida de dinero para muchos paraguayos.
El mecanismo es prácticamente igual, aunque maquillado con algunos cambios que hicieron que opere tranquilo hasta hace un año, hasta que por fin la Comisión Nacional de Valores presentó denuncia ante el Ministerio Público.
Otro esquema peligroso es el de las empresas que ofrecen créditos que se disfrazan como una supuesta venta de electrodomésticos. Por ejemplo, hacen firmar un pagaré por cinco millones de guaraníes, pero en realidad entregan solo dos millones de guaraníes.
Estas firmas disfrazan los créditos como para que, justamente, no se detecten las tasas usurarias que están imponiendo a sus clientes.
Es un negocio redondo, pues cobran a través del sistema de débito automático y en la mayoría de los casos sus víctimas son funcionarios del sector público.
La ley de libranza buscaba cuanto menos blindar 35% del ingreso total del trabajador, y para la persona que percibe el salario mínimo el débito permitido llegaría solo hasta el 50%. El Senado, en vez de corregir los errores puntuales de la ley (irrevocabilidad de contratos, obligar al patrón a debitar salarios y la indefinición de un único regulador), optó por la vía más fácil, el rechazo. Esto beneficia a las empresas que operan con este régimen perverso, pues sin regulación seguirán operando de la misma manera.
Finalmente, cito a estas casas de crédito que saturan con el “no miramos Informconf”, según denuncian sus propios clientes, cobran tasas usurarias sin que nadie las sancione.
Por tanto, ante la fragilidad del Estado para combatir estos perversos esquemas, es la educación financiera la única vía para que el usuario no se convierta en una nueva víctima.