Al clan Ferreira, liderado por el empresario Justo Ferreira, le critican en las redes por tener tentáculos en el Estado. Tras los escándalos en los que está involucrado por las imputaciones sobre los insumos chinos que pretendía proveer al Estado se dio a conocer que su esposa Petrona Beatriz Pascottini Lezcano de Ferreira desempeñó funciones en el Departamento Financiero del Instituto de Previsión Social (IPS) en el 2014, en la era de Benigno López, actual ministro de Hacienda.
Petrona Pascottini en aquel entonces cobraba una suma mensual de G. 55.963.253 más otros beneficios adicionales, según documentos del IPS, disponibles en la web, que corresponden al año 2014. Ingresó en el año 1997 en el IPS, en el 2014 tenía la categoría de funcionaria permanente. Actualmente, está jubilada, según datos de la página de la previsional.
ANTECEDENTES
El clan Ferreira está encabezado por Justo Rubén Ferreira, junto a sus hijos. El holding está integrado por Metaway SA, Glasgow SA, Medical Pharma SA, Woking SA, Imedic SA y Eurotec SA, que son los principales proveedores del Estado.
Imedic SA, Eurotec SA y Medical Pharma SA, en los últimos dos años, fueron adjudicadas en seis llamados públicos por un monto de USD 40 millones, tanto para el Ministerio de Salud Pública (MSP), el IPS, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (Clínicas) y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén).
INSUMOS CHINOS
Imedic y Eurotec fueron adjudicados en la licitación de la “Adquisición Urgente de Insumos y Camas para Covid-19” por un monto de G. 85.200 millones. Las empresas recibieron un anticipo de G. 17.000 millones.
Debido a irregularidades, el MSP rechazó los insumos y rescindió los contratos a finales de mayo. En este caso, la Fiscalía imputó al empresario Justo Ferreira.
El MSP pretende recuperar G. 25.000 millones mediante la póliza de seguro. Además, los G. 17.000 millones de anticipo, más la garantía de fiel cumplimiento de Eurotec e Imedic, que entre las dos firmas alcanza unos G. 8.400 millones.
La Contraloría General de la República (CGR), en mayo pasado, calificó de “viciada de irregularidades en todas sus etapas” el proceso de licitación. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) incluso suspendió por 30 meses a ambas firmas.