LIMA - PERÚ
El escándalo de los audios se cobró este viernes sus primeras víctimas en Perú, al ser suspendidos de sus cargos cinco jueces y tres funcionarios judiciales involucrados en la venta de sentencias, en tanto que el presidente Martín Vizcarra destituyó al ministro de Justicia
“Es una medida cautelar de suspensión en el cargo mientras hacemos las investigaciones”, lo que tomará seis meses, dijo la presidenta de la Oficina de Control de la Magistratura, Ana María Aranda.
El juez suspendido de mayor rango es Walter Ríos, presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, cuyo arresto preventivo será solicitado.
El procurador afirmó que Ríos “no puede, a partir de los hechos tan graves, seguir caminando por la calle. Ha cometido delitos graves”.
La Fiscalía y el Poder Judicial abrieron investigaciones por supuesto tráfico de influencia tras la difusión el domingo de estos audios por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros y el programa Panorama de Canal 5.
“Sabíamos que el sistema judicial en el Perú no funcionaba de manera transparente. Los audios son la evidencia que faltaba”, dijo a la analista Luis Benavente, director de la firma Vox Populi.
En un audio se escucha al juez Ríos pedir dinero: “Estoy pensando en 10 verdecitos”, dice aludiendo aparentemente a un monto en dólares.
Después de la suspensión de los jueces, el Poder Judicial anunció que Ríos “presentó su renuncia irrevocable al cargo de juez”, pero las investigaciones en su contra continuarán, pues su pedido no lo inhibe de responsabilidades.
Otro de los involucrados es el juez César Hinostroza, de la Corte Suprema, quien pregunta en un audio si el acusado de la violación de una niña quiere “¿que le bajen la pena o que lo declaren inocente?”.
Aranda aclaró que su oficina carece de competencia para suspender o investigar a Hinostroza, quien tiene prohibición de salida del país por decisión de la Corte Suprema y está de vacaciones desde que estalló el escándalo.
El procurador Enco dijo que Hinostroza también debería ser detenido, pero el Congreso debe abrirle primero una acusación constitucional.
La Fiscalía dio marcha atrás en su orden para que los medios que divulgaron los audios revelaran quién se los había proporcionado, lo que atentaba contra la ética periodística, según organizaciones de prensa.
El fiscal Víctor Raúl Rodríguez había advertido a los directores de IDL-Reporteros y Panorama que si no revelaban sus fuentes y le entregaban todas las grabaciones, serían procesados por “desobediencia a la autoridad”.
