“El Ministerio Público decidió hacer una incautación, sin mandato judicial. El argumento es que se podrían perder los bienes”, dijo a periodistas Humberto Abanto, abogado del gobernador de Ayacucho, tras abandonar la fiscalía.
La medida se tomó durante una diligencia de exhibición de los tres relojes Rolex y la pulsera, cuya marca no se especificó, en el marco del caso conocido popularmente como Rolexgate.
La presidenta peruana, que está en el centro del escándalo por usar prendas de lujo que omitió declarar como funcionaria pública, se defendió el viernes pasado ante la fiscalía alegando que los Rolex que ha usado pertenecen a su amigo, el gobernador Oscorima.
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“Debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima”, dijo Boluarte, al señalar que ya los había devuelto.
Boluarte también ha negado poseer joyas Cartier y Van Cleef, que le imputa la fiscalía en base a informaciones de prensa.
Mientras tanto, ante la comisión de Fiscalización del Congreso, compareció el gerente de una tienda de joyas que tiene la exclusividad de venta de Rolex en Perú, quien negó conocer al gobernador Oscorima.
Interrogado por los congresistas, el empresario Héctor Banchero dijo que “nunca lo ha visto” al gobernador comprando un Rolex en la joyería.
El gobernador de Ayacucho se presentó el martes en dicha comisión parlamentaria donde apeló a su derecho al silencio para no responder sobre el escándalo que salpica a Boluarte.
Oscorima figura como testigo en la investigación.
Un reciente sondeo nacional de la empresa Ipsos reveló que una abrumadora mayoría (85%) cree que Boluarte “busca entorpecer la investigación de la fiscalía del caso Rolex”. Apenas un 10% cree que ella colabora en tanto un 5% evita pronunciarse.
A su vez una importante mayoría de 77% sostiene que el Congreso, controlado por la derecha que respalda a Boluarte, “está protegiendo” a la mandataria.
Las indagaciones por “la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos” comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona.
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La información reveló que usó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.
La fiscalía la puede investigar por ocho meses. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según fija la Constitución.
La fiscalía ya la investiga desde 2023 por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, por la muerte de más de 50 civiles “durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023" que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.
Fuente: AFP.
