Para los que están en situación de pobreza existe el programa de pensión alimentaria para personas mayores, pero los fondos no son suficientes para llegar a la totalidad de la población. Adicionalmente, el monto que se les entrega -25% del salario mínimo- no alcanza para adquirir una canasta de alimentos acorde con las necesidades nutricionales propias de la edad.
Durante casi 120 años el sistema de jubilaciones ha permanecido sin cambios importantes. Solo tiene cobertura en los funcionarios públicos y en los trabajadores del sector privado en relación de dependencia. Sin embargo, la gran mayoría de los paraguayos trabaja por cuenta propia, tanto en el sector rural como urbano.
El resultado: Una amplia proporción de personas mayores sin ingresos y viviendo en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, dependiendo de familiares y vecinos. Por donde se mire, este problema, agudizado por la ausencia de políticas pone límites al desarrollo y al bienestar, violando derechos humanos básicos de las personas mayores. Adicionalmente, los mismos cambios demográficos están haciendo insostenibles las cajas jubilatorias actuales ya que la base de la pirámide es pequeña, mientras la población que cobra ha aumentado.
Un sistema solidario como el nuestro se sostiene a largo plazo cuando la base es amplia, es decir, los que aportan de jóvenes financian a los que se van jubilando. Sin embargo, en Paraguay el acceso de la juventud al sistema no está creciendo a la medida de las necesidades, mientras que los que se retiran están aumentando y, gracias a los avances en salud, viviendo más años que antes.
Nuestro sistema jubilatorio tiene dos problemas. Su baja cobertura viola derechos fundamentales y obstaculiza la calidad de vida en la vejez. Y así como está diseñado, no es sostenible. De hecho, la Caja Fiscal está acumulando un déficit ocasionado principalmente por los regímenes de policías y militares, que es financiado con impuestos que en muchos casos son aportados por quienes no tienen ni tendrán jubilación en su vejez. Para profundizar el problema, se crean intervenciones que debilitan el sistema, como por ejemplo, cuando se diseñan programas laborales para jóvenes excluyéndoles de la seguridad social. La fortaleza del sistema se sostiene mejor cuanto más tiempo aportan las personas. La otra debilidad del sector público es la incapacidad para reducir la evasión.
El Paraguay necesita reformar su sistema de jubilaciones garantizando un sistema solidario, de amplia cobertura desde los 18 años sin importar la característica de la tarea que realiza. Nuestra Constitución, las leyes y los compromisos internacionales garantizan a todos los paraguayos el derecho a una jubilación. La efectivización de este derecho requiere un debate nacional y un nuevo marco institucional, por lo que urge empezar a diseñarlo mientras tengamos la oportunidad del bono demográfico.
