Desde la perspectiva de la libertad de empresa, cualquiera podría tener licencia para habilitar un casino o una mesa de juegos sin importar el sitio del país en el que lo hiciera. El mercado sería el único factor que determinaría la apertura de sitios donde las personas van -literalmente- a tirar su dinero.
Una casa de juegos, sin embargo, no es un lugar de diversión común y corriente: es un sitio en el que el ser humano, movido por el irrefrenable impulso de apostar, está dispuesto a perder no solo sus bienes materiales sino inclusive los espirituales, aquellos que atañen a sus valores y principios. El novelista ruso Fiódor Dostoievski es el que mejor refleja -en El jugador- la incontenible pasión por los tapetes verdes tan cautivadores pero, al mismo tiempo, tan trágicos.
Esa mercancía no puede ser tratada como una más del mundo de las ofertas que se pone a disposición de la gente. Así como las drogas, ese universo está lleno de peligros para quienes lo frecuentan.
No es solo la posibilidad de tirar el sueldo en una noche en que la suerte se muestra esquiva o arrojar por la borda años de sacrificio para alcanzar algunos bienes indispensables para la vida personal y familiar. Es, sobre todo, un camino -muchas veces sin retorno- en el que se despilfarra la autoestima yendo de tumbo en tumbo a degradaciones cada vez más profundas.
Por lo tanto, que la Conajzar libere las compuertas para que puedan funcionar en casi todo el país locales que esperan a sus clientes con ruletas rusas, veintiuno, siete once, baccarat o póker es abrir una caja de Pandora de impredecibles consecuencias sociales.
Podrá argumentarse a favor de los juegos de azar sosteniendo que la libertad es el don supremo del ser humano y que cada quien debe tener la potestad de obrar conforme a su mejor saber y parecer. De ser razonable ese criterio, no tendrían que existir las leyes que establecen las reglas de juego para la convivencia comunitaria.
Muy por el contrario, lo que el Estado debe hacer es poner freno a aquellas situaciones que atentan contra el patrimonio y la estabilidad emocional de las personas. El despojo “legal” y voluntario no es sino una de las maneras de asaltar al prójimo atrapado en la telaraña del juego.
Es muy llamativo que la resolución 48/2011 haya salido inmediatamente después de la renuncia de Patricia Marchewka al cargo de presidenta de la Conajzar. Es imposible dejar de sospechar que los grandes interesados en los juegos de mesa solo hayan estado esperando su dimisión para avanzar con aliados que podrían haber encontrado dentro de la institución.
El Estado tiene la intransferible responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Por lo tanto, se impone derogar cuanto antes la resolución que pretende convertir al país en una gran timba. Y también corresponde que el Poder Ejecutivo designe un titular para la Conajzar que responda a los intereses colectivos, no a los de los particulares que detrás del lucro tienden trampas mortales, sobre todo a los jóvenes.